El Gobierno generó una confusión el lunes sobre la continuidad o no de las labores educativas especialmente en las unidades particulares. La Resolución Ministerial 0050/2020 no especifica ninguna modalidad de clases el resto de 2020, solo dispone la clausura del año escolar.
El artículo 1 del documento firmado el 31 de julio por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, y el director jurídico de ese despacho, Alan Coronel, señala: “Disponer la clausura de la gestión educativa y escolar 2020 del subsistema de educación regular en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior”.
El comunicado difundido el domingo amplía la información y señala que la clausura del año escolar corresponde a unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Ese decir, a todo el subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario.
El lunes, el ministro intentó aplacar la disconformidad y la preocupación de la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop) aclarando que las unidades educativas privadas “que tienen posibilidades de avanzar en educación” tienen que acordar con los padres de familia ese propósito y “no tienen por qué interrumpir su trabajo”.
Sin embargo, la resolución, de cuatro páginas de considerandos y solo tres artículos, no consigna esa modalidad de continuidad de las labores educativas. Por ejemplo, el artículo 2 establece cursos de nivelación para bachilleres de unidades fiscales, privadas y de convenio, y el 3, las responsabilidades de las autoridades del área en el cumplimiento de la resolución.
Y el comunicado señala para el resto del año la capacitación de docentes y para los estudiantes, sobre todo los bachilleres, “procesos formativos complementarios”.
La decisión de la clausura del año escolar fue comunicada el domingo por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en ausencia de Cárdenas, convaleciente de COVID-19.
Cárdenas dijo que “la salud ha sido el factor principal” que influyó en la decisión del Gobierno. Sin embargo, aclaró que se trata de “un cierre académico-administrativo” que “no significa que se pare la educación”.
Y aclaró que los maestros “van a seguir pagados por el Estado, pero van a invertir su tiempo en capacitación”.
La decisión de la clausura del año escolar generó preocupación en Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al gobierno de Jeanine Áñez a revisar la medida con el fin de garantizar la continuidad de las labores educativas.
La ONU también sugirió el desarrollo de programas de enseñanza a distancia más allá de las plataformas virtuales de internet.
Las clases presenciales en el país están suspendidas desde mediados de marzo, cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19.
