Más de 51 ciudadanos, colectivos e instituciones denuncian “el clima de terror impuesto» por el Gobierno transitorio, que se manifiesta a través de persecuciones selectivas, protección y apoyo a grupos paramilitares de choque, trato diferenciado a favor de movilizaciones que respaldan al oficialismo, manipulación informativa en medios y otras acciones.
Además, cuestiona la violencia ejercida por grupos irregulares contra indígenas y organizaciones populares, uso de fuerzas militares para amedrentar, parcialización del Órgano Judicial y proliferación de mensajes con contenido racista.
Los firmantes de un documento lamentan que actualmente se “criminaliza la escalada de protestas sociales” desarrollada para exigir elecciones generales para superar la “ruptura constitucional” de noviembre de 2019.
Bajo el argumento de que en los comicios nacionales del 20 de octubre del año pasado hubo fraude, versión avalada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) aunque desmentida por estudios independientes de universidades estadounidenses, se produjo un levantamiento de sectores conservadores que, mediante el uso de la violencia, logró la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y, después de una serie de maniobras en el Órgano Legislativo y con respaldo del Tribunal Constitucional, Jeanine Añez asumió la presidencia transitoria del Estado, con la misión de convocar a votación nacional para el 3 de mayo, aunque la llegada de la pandemia del coronavirus abrió la posibilidad de que se prolongue su interinato.
Elecciones
Un acuerdo político permitió establecer fecha de elecciones para el domingo 6 de septiembre, aunque sin que medie una ley, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó el evento hasta el 18 de octubre, con la posibilidad de un nuevo aplazamiento de la jornada democrática, de acuerdo con los indicadores de contagio de COVID-19.
Ante ello, en un multitudinario cabildo popular celebrado en la ciudad de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, alianza política de las cinco confederaciones campesinas e indígenas de tierras altas y bajas del país, decretaron huelga general indefinida y bloqueo de caminos a escala nacional en procura de que las elecciones se lleven a cabo el 6 de septiembre.
Las protestas comenzaron el lunes 3, momento a partir del que se produjo una reacción del oficialismo que, de acuerdo con los denunciantes, se traduce en “persecuciones selectivas de manifestantes según su origen y procedencia, encarcelamiento, uso desmedido de fuerza”, que son parte de la política de las autoridades transitorias y que “en estas últimas semanas se ha incrementado con detenciones masivas, uso de armas de fuego, vuelos rasantes de aviones militares sobre comunidades indígenas y campesinas, etc.”
Durante los días precedentes, volvieron a salir a las calles grupos organizados de jóvenes uniformados, con armas blancas, y que actúan con violencia, que reciben “protección y apoyo”, por ser “afines al Gobierno” y son “usados como tropa de choque para enfrentar a ciudadanas y ciudadanos movilizados”.
Trato diferenciado
Expresan, además, que existe un “notorio trato diferenciado a grupos” que representan a sectores de “poder económico y determinadas fuerzas políticas, a las que no se les persigue ni detiene a pesar de violentar todas las medidas sanitarias”, mientras que a los movilizados se los acusa de atentar contra la salud pública, lo que “implica un tratamiento basado en la desigualdad ante hechos similares”.
Dan cuenta, posteriormente, de “la manipulación de no pocos medios de comunicación”, que tienen “responsabilidad en la transmisión de noticias falsas, así como su sesgo informativo con enfoques racistas, incompletos y criminalizadores”.
La violencia que los grupos irregulares y fuerzas de represión se dirige en contra de sectores indígenas y especialmente mujeres de pollera es otra de las denuncias de los redactores del pronunciamiento.
“El uso de fuerzas militares como mecanismo de amedrentamiento y represión, con un Poder Judicial que actúa de manera parcializada ante los ciudadanos que se movilizan, según sean aliados o no del gobierno de facto”, es la siguiente puntualización.
Finalmente, mencionan “la proliferación de mensajes de odio y racismo con una actitud de omisión de protección de garantías por parte de las autoridades”.
Salida pacífica
Ante ello, convocan a la sociedad a “contribuir para controlar y no alimentar el clima de enfrentamientos y polarización, resultado de un extenso periodo de gobierno transitorio que no ha mostrado capacidad ni interés para alcanzar las condiciones que permitan salir de este estado de situación”.
Los firmantes aseguran que las elecciones no resolverán la crisis actual, “pero estamos consciente que la situación de desequilibrio político y económico que ha resultado de este gobierno transitorio y nada democrático, requiere avanzar a una mínima obtención de institucionalidad que se responsabilice de la conducción del Estado y cese el clima racista, misógino y atropellador de los derechos humanos y la democracia.
Entre las organizaciones firmantes están: Encuentro Social Alternativo, Plataforma por los Derechos Humanos Santa Cruz, Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, Frente de Mujeres Soberanía y Paz, Generación Revolucionaria Frente Revolucionario de la Diversidad Oruro, Colectivo Rebeldía, Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres Urbanas Adela Zamudio, Colectivo Plurinacional Comunitario La Paz, Mochas Copleras, Videoteca Barbarroja, Movimiento Guevarista SC, Colectivo Wiphala y Columna Sur.
(12/08/2020)
