Enterarse de que Alfredo Valles, exconcejal de Oruro, había dado positivo al nuevo coronavirus no fue el único vía crucis que enfrentó su familia, pues el 15 de julio tuvo que lamentar su deceso.
Resignada por la pérdida de su ser querido, la familia Valles se aprestaba a dar cristiana sepultura a su padre; sin embargo, en el Hospital Obrero la impedía el ingreso por temor a los contagios. “El mismo día que falleció mi padre contratamos los servicios fúnebres, pero el único crematorio que está en el Cementerio General estaba en refacción”, relató a La Razón Alfredo Valles.
Sin embargo, el lunes 19 de julio personal de la funeraria ingresó al hospital para recoger los cuerpos, pero les informaron que ya habían sido retirados. Oruro había ingresado en una nueva cuarentena rígida, pero los familiares rompieron la medida en busca de sus seres queridos. “Nos dijeron que los habían llevado a un botadero de basura y fuimos en busca, pero no podíamos encontrarlos”, contó Alfredo.
Finalmente, pudieron averiguar que los 21 cuerpos fueron llevados hasta el botadero de escombros de la Alcaldía, en la zona Norte de Oruro, cerca de la urbanización Arenales.
A casi un mes de la desaparición de los cuerpos, sus familiares exigen a las autoridades la exhumación de los restos para darles cristiana sepultura.
Asimismo, los afectados iniciaron un proceso penal en contra del alcalde Saúl Aguilar y el secretario de la Alcaldía de Oruro, Marcelo Cortez; también contra el administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS), José Verduguez.
En una entrevista con radio Fides, el jefe médico de la CNS regional, Gonzalo Arequipa, dijo que los cadáveres habían permanecido en la morgue de ese nosocomio por varios días y por el riesgo de contagios ordenó enterrar los restos en una fosa común. “No es que se han perdido; el problema es que la autoridad más superior que la mía ha ordenado que estos cuerpos se entierren en una fosa común. Yo tampoco me he enterado que el administrador había ordenado eso conjuntamente con la Alcaldía; que estaban produciendo focos de contaminación. Entonces, no ha habido respuesta de los familiares y han autorizado el entierro en fosa común”, explicó Arequipa.
Según una resolución del Ministerio de Salud y el Comité de Operaciones de Emergencia, los cadáveres dentro de los hospitales no pueden estar más de 12 horas; si después de ese tiempo el cuerpo aún no es recogido por sus familiares, se lo lleva a la morgue del cementerio general o a la morgue que dispone la Alcaldía. Ése es el protocolo establecido por las autoridades, aclaró Arequipa el pasado 28 de julio a Fides.
Los vecinos de la urbanización Arenales también están preocupados por la disposición del terreno con ese fin, que está a pocos metros de las viviendas, ya que el espacio no cuenta con los protocolos para habilitarlo como cementerio.
Entretanto, el representante de la Defensoría del Pueblo, José León, dijo a La Razón que su institución realiza el seguimiento del caso y está a la espera del día y hora de la exhumación.
Edición impresa
