El fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz que deja sin efecto la resolución del cierre del año escolar generó críticas y demandas de una coordinación urgente para tomar una decisión definitiva y clara en beneficio de los estudiantes.
El secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz, Leandro Mamani, expresó su malestar por la falta de certeza sobre el futuro de las clases en el país. «Produce bronca que se juegue e improvise con la educación, si el tribunal dice y aplica que la educación debe ser prioridad del Estado, también debería dar la orden al Gobierno de invertir todos los recursos necesarios para implementar una educación para todos los estudiantes», dijo.
El dirigente también expresó que su gremio espera que se tomen decisiones prontas y definitivas, pues varios de los maestros ya preparaban notas para culminar la gestión, como instruyó el Ministerio de Educación, pero ahora no saben cómo se proseguirá. Se espera que esta cartera estatal se pronuncie sobre el tema.
La determinación de la Justicia, a favor de una acción popular, presentada por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, insta al Ministerio de Educación a que, en un plazo no mayor a 10 días, se presente un plan que garantice que la educación seguirá en el país, en adecuación a la actual realidad de pandemia.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien fue parte del proceso, aclaró que esto no significa que los estudiantes serán obligados a volver a las aulas, sino que conmina al Órgano Ejecutivo a generar una política pública en favor de la educación, en coordinación con los actores educativos, es decir, maestros, papás y estudiantes.
Padres de familia
Al respecto, el representante de los Padres de Familia de Colegios Particulares, Israel Quino, indicó que su sector tiene la plena predisposición para acudir a un diálogo que permita generar una estrategia de continuidad de la educación acorde a la realidad y en favor de todos los involucrados.
«A partir de este fallo vemos que lo más importante es eso, crear una coordinación», indicó Quino.
El secretario de la Gobernación de Chuquisaca, Ricardo Zárate, coincidió con esta posición y manifestó que en varias regiones, como es el caso de su departamento, los maestros tenían ya listos sus planes para continuar con las clases, cuando se informó del cierre del año escolar, por lo que ya existen ideas que pueden contribuir al desarrollo de las labores educativas, siempre precautelando la salud de los estudiantes.
«Hubo una descoordinación directa entre el Ministerio de Educación con las direcciones departamentales y eso ha conllevado este resultado. La Gobernación de Chuquisaca fue la primera institución que se pronunció al respecto, el 3 de agosto mandamos una carta con una justificación jurídica, basada en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, que es análoga al fallo emitido», dijo en contacto con La Razón.
Coordinación subnacional
A decir de Zárate, los gobiernos departamentales y municipales pueden aportar no solo con ideas para nutrir las estrategias, también a colaborar directamente para cubrir costos para llegar a todos los estudiantes.
«En mayor o menor medida todas las instituciones públicas tenemos presupuesto destinado al área de educación. Podemos lograrlo, ponderamos la decisión del Tribunal».
La gestión educativa fue clausurada a partir del 31 de julio; sin embargo, el Ministerio de Educación sugirió que las unidades educativas que contaban con las condiciones podían seguir con clases complementarias. Esto fue percibido como una posible afectación a un acceso a la educación en condición de igualdad por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también observó una vulneración a los derechos de los niños y adolescentes. Instituciones como Unicef y la Organización de Naciones Unidas (ONU) también manifestaron su preocupación por la decisión de clausurar el año e incluso pidieron que el Gobierno la reconsidere.
(19/08/2020)
