En una carta de este 21 de agosto, dirigida a la Defensora del Pueblo, la joven que según el gobierno fue víctima de estupro por parte del expresidente Evo Morales revela que su declaración del 13 de julio ante la Fiscalía de Cochabamba fue dada bajo presión, amenazas y sin abogado; que se le decomisó celulares y se los usó sin su autorización ni conocimiento.
En la referida declaración, la joven habría “revelado” elementos clave para la acusación que hoy se hace al exmandatario, como el hecho de que ella viajó a Argentina y México y que en ese momento mantenía una relación sentimental con Morales.
En la carta a la defensora Nadia Cruz, la joven relata que ella y su hermana fueron detenidas el domingo 12 de julio en Sacaba por siete efectivos policiales, que al momento de intervenirla le sacaron fotos, les quitaron sus celulares y las trasladaron a la ciudad de Cochabamba. “Ahí nos revisaron todo el cuerpo, me sentí humillada y maltratada”. La noche de ese domingo —narra— nos trasladaron a la Fiscalía de Sacaba, donde se nos acusó “por delitos de funcionarios públicos, siendo que mi hermana y yo nunca hemos sido funcionarias públicas y no entendíamos lo que pasaba”.
El lunes 13 (fecha con que está signada la declaración de la joven ante la Fiscalía), cuenta, tras tenerlas en celdas de la FELCC todo el día, “sin comer ni beber nada”, en la oficina del DACI (Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia) se le acusó de ser “cómplice de sedición y terrorismo bajo órdenes de Evo Morales”.
Y he aquí, textual, la parte de su carta a la Defensora, en que denuncia la presión y las amenazas para declarar: “Señora Defensora, he sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían que diga; ‘di que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina’, me dijeron que si no decía todo lo que ellos me imponían me iban a procesar por sedición y terrorismo. Me obligaron a declarar bajo presión, sin abogado, solo los agentes y la policía, en ese momento me sentí muy mal, amenazada y acosada; lloré mucho de impotencia, en todo momento me dijeron que me iban a enviar a la cárcel de La Paz, como a mi hermana mayor”.
Solo el martes 14 de julio —prosigue la joven— fueron llevadas al juzgado, donde se determinó su libertad. “Nos liberaron porque no pudieron demostrar que cometimos algún delito”, señala en su carta.
En su misiva, también hace notar cómo desde el 6 de julio, en que por primera vez fue detenida y acusada de terrorismo y sedición, se les sustrajo el celular, que se lo llevó a La Paz para investigarlo. Fue cuando empezó, dice, “campañas en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales en contra mí y de mi familia, un periodista de acento extranjero amenazó con publicar un material que le dio la Policía, fotografías y conversaciones que supuestamente habrían encontrado en mi celular pero mi celular lo tiene la policía”.
Y la joven termina acusando: “La Policía y el Ministerio de Gobierno han difundido esta información, tergiversándola, mintiendo y manipulando mi información privada para montar audios y fotografías”.
El jueves, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció el inicio de una querella por el caso contra Morales, a quien acusó de «estupro» y «trata de personas». Afirmó que «el Ministerio de Justicia recibió, en días anteriores, denuncias anónimas del caso».
“Vamos a ser fieles observadores y coadyuvantes de este proceso. De ser cierta toda la información, vamos a solicitar que se le imponga a Morales la pena máxima”, advirtió el funcionario, quien mostró el documento de la demanda.
(21/08/2020)
