Por dispensación de trámite, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para garantizar la continuidad de la educación inicial, primera y secundaria en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, además de las universidades.
Además, dispuso en la ley el pago del Bono Juancito Pinto y el uso de los recursos del desayuno escolares en la provisión de canastas alimenticias en los municipios del país. Esto último había generado conflictos entre padres de familia y alcaldías debido al sustento legal que eventualmente faltaba para cumplir con el beneficio en esta cuarentena nacional por la propagación del nuevo coronavirus en el país.
Las labores educativas están suspendidas desde el 11 de marzo debido a la propagación del COVID-19 en el país y el Gobierno intentó un plan alternativo a las clases presenciales a través del Decreto Supremo 4260, publicado el 6 de junio, que reguló la educación virtual.
Sin embargo, por desacuerdos con los magisterios rural y urbano del país, la norma no pudo ser aplicada y el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció el 2 de agosto anunció la clausura del año escolar en todos los niveles de las unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio.
La medida creó confusión y protestas en razón de la eventual vulneración del derecho a la educación, aunque el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aclaró que solo las labores administrativas fueron suspendidas y que la educación continuará.
El 19 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a requerimiento de una acción pública presentada por la diputa Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anuló la resolución de clausura del año exigió al Gobierno que en un plazo de 10 días presente un plan alternativo para la continuidad de las labores educativas en el país.
Cárdenas respondió con acusaciones de actuación política de parte del MAS y de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a quien acusó de “disfrazada” y de prorrogarse en sus funciones. Al final, el Ministerio de Educación anunció con interponer una apelación a la decisión judicial, mientras las labores educativas se encuentran en la incertidumbre.
(26/08/2020)
