La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violencia e intento de toma de las oficinas de la Defensoría del Estado y pidió al Estado investigar los hechos, prevenir la violencia y proteger a los funcionarios.
La mañana de este miércoles un grupo de manifestantes violentos irrumpió en las oficinas de la Defensoría del Pueblo y agredió a sus funcionarios. En un comunicado, dicha oficina estatal denunció que se trata del mismo grupo que en noviembre del año pasado atacó de forma similar sus instalaciones.
La CIDH se manifestó sobre los incidentes a través de un hilo de tres tuits. Expresamos nuestra “profunda preocupación ante amenazas y actos de violencia contra funcionarias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo por un grupo de personas que, según información, pretendía ingresar por la fuerza al despacho de la Defensora, en La Paz”, dijo en Twitter.
Además, llamó a las autoridades del Estado a “investigar los hechos, prevenir futuros actos de violencia, proteger a las personas funcionarias de la Defensoría del Pueblo y garantizar las condiciones para que pueda ejercer el rol esencial que tiene como Institución Nacional de #DDHH (sic)”.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es blanco de ataques políticos de parte del Gobierno y de algunos legisladores. El diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral se refiere constantemente a ella acusándola de prorrogarse en sus funciones, al considerar que ellas terminaron en 2019.
Entretanto, el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, inició un proceso judicial por la presunta prolongación de sus funciones y el presunto delito de usurpación de cargos.
Al respecto, la CIDH recordó que en 2019 otorgó medidas cautelares a favor de Cruz. Y solicitó a las autoridades, “entre otros aspectos, la adopción de medidas para proteger sus derechos a la vida e integridad personal y garantizar el desempeño de sus labores sin amenazas”.
El año pasado, la periodista Melissa Ibarra lideró jornadas seguidas de acoso a la Defensoría del Pueblo. La oficina denunció que los ataques de este miércoles fueron perpetrados por “los mismos que protagonizaron similares ataques contra la institución en noviembre de 2019”.
Además, deploró “la permisibilidad del Gobierno y la Policía Boliviana” con estos “grupos civiles violentos.
(26/08/2020)
