El Gobierno expresó su respaldo a la captura del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, acusado de varios hechos de corrupción, y reafirmó que no habrá tolerancia frente a actos que afecten los recursos destinados a la seguridad alimentaria del país.
A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, el Órgano Ejecutivo destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana, subrayando que la aprehensión de Flores, luego de intentar evadir a la justicia, demuestra que el Estado no será cómplice de quienes buscan burlar la ley.
Desde esta cartera se señaló que la fuga del exgerente, quien incumplió una detención domiciliaria en noviembre del año pasado, evidencia que las medidas cautelares aplicadas con anterioridad resultaron insuficientes.
Franklin Flores
En ese marco, el Ministerio respaldó que se disponga su detención preventiva inmediata y exigió que la autoridad jurisdiccional determine su reclusión en un centro penitenciario.
Asimismo, se aclaró que el Órgano Ejecutivo respeta la independencia de poderes y no interfiere en las decisiones del Ministerio Público; sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró que coadyuvará de manera firme con las investigaciones en curso.
De hecho, la institución ya inició procesos judiciales contra los responsables de las irregularidades detectadas en el manejo de harina subvencionada.
El Gobierno remarcó que en la actual gestión no hay espacio para la impunidad y que los recursos públicos destinados a garantizar alimentos para las familias bolivianas son intocables. En ese sentido, se enfatizó que Franklin Flores deberá responder ante la sociedad por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y otros delitos que se encuentran bajo investigación.
Además, la cartera de Desarrollo Productivo reafirmó que el patrimonio del pueblo no puede ser utilizado para beneficios particulares y aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias para que se establezcan sanciones contra quienes traicionen la confianza ciudadana y perjudiquen a los sectores más vulnerables del país.
