Este domingo se cumplió una semana del piquete de huelga de hambre que instaló el Magisterio Urbano en rechazo a las medidas que estable el Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre.
La radical medida de presión inició el anterior lunes en la ciudad de La Paz y fue replicada en otros departamentos. A lo largo de la semana, personal de la Cruz Roja se trasladó a los piquetes para evaluar el estado de salud de los huelguistas.
José Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano, informó que su sector rechaza el Decreto Supremo 5503 debido a que lo considera una amenaza a la soberanía nacional.
En los piquetes de huelga de hambre se observan pancartas que califican a las medidas como “entreguistas”, pues consideran que el documento facilita la inversión de empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales nacionales. En particular, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) apunta a un beneficio directo para algunas firmas estadounidenses.
Medidas de presión
Álvarez hizo un llamado a todos los sectores sociales a unirse a la movilización para exigir la abrogación del decreto. En los últimos días, el dirigente del Magisterio Urbano aseguró que las medidas de presión se mantendrán hasta “paralizar la economía”.
Inclusive, los profesores movilizados advirtieron con no dar inicio a las actividades educativas, previstas para el 2 de febrero, en caso de que el Gobierno no dé marcha atrás con sus medidas.
La huelga de hambre se suma a las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la derogación del decreto por considerarlo «antipopular» y «privatizador». El Gobierno, por su parte, defiende la norma como necesaria para la estabilidad fiscal y el crecimiento económico.
El lunes, se espera que el presidente Rodrigo Paz Pereira asista al diálogo con la COB junto a sus ministros de Estado para explicar los alcances de los decretos supremos y neutralizar las medidas de presión.
Sin embargo, los sectores movilizados se mantienen firmas en su postura de exigir la derogación de los decretos, especialmente del 5503.
