El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Franklin Flores recibió este domingo una segunda detención preventiva en menos y fue nuevamente enviado al penal de San Pedro, esta vez dentro del denominado caso harina, en el que se investigan presuntas irregularidades en la administración de harina subvencionada destinada al sector panificador.
La decisión fue asumida por el Juzgado 16 de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, que tras la audiencia de medidas cautelares determinó seis meses de detención preventiva, al considerar acreditada la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales. Con esta resolución, Flores acumula siete procesos penales vinculados a su gestión al frente de Emapa.
Flores
El caso fue denunciado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, mientras que el Ministerio Público imputó al exfuncionario por el delito de incumplimiento de deberes. La investigación es parte de una causa más amplia que dirige la Fiscalía Departamental de La Paz y que también involucra al dirigente panadero Rubén Ríos.
De acuerdo con los actuados, Ríos habría alquilado un galpón de Emapa por un monto de Bs 19.000 mensuales para el acopio de harina subvencionada, hecho que motivó allanamientos y permitió el hallazgo de indicios de contratos presuntamente lesivos al Estado y tráfico de influencias. La imputación formal también incluye la investigación por conducta antieconómica y contratos lesivos, en el marco de compras de harina con presunto sobreprecio.
Según las investigaciones, existía un “negociado” entre la dirigencia de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), anteriormente a cargo de Ríos, y Emapa.
Gracias a ello, la empresa estatal compraba harina a los panificadores federados a precios superiores a los Bs 400 el quintal, pero luego los vendía por debajo de los Bs 100, lo que permitía que Flores se beneficie económicamente con el sobreprecio, lo mismo que el dirigente Ríos.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, el daño económico al Estado en este caso podrí ascender a más de Bs 5 millones. Aunque es un monto relativamente pequeño en comparación con otros casos, esta cantidad se utilizó para beneficiar a un puñado de personas.
