Este domingo, la marcha denominada ‘Bolivia no se vende’ llegó hasta la plaza 25 de Julio, en la zona de Senkata, en El Alto, donde los manifestantes pasarán la noche para partir el lunes rumbo a la ciudad de La Paz.
En Casa Grande del Pueblo, los sectores, que acudieron a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB), se reunirán con el presidente Rodrigo Paz Pereira y sus ministros de Estado para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503.
De acuerdo con los marchistas, el documento establece medidas que son “entreguistas”, pues favorece la inversión extranjera en recursos naturales estratégicos, como la minería, el agro o el litio, sin necesidad de que los contratos pasen por la Asamblea Legislativa.
“Que no vengan a decir y confundan que esto es político, que esto es sectorial, esto es una reivindicación por la protección de nuestro país, de nuestros recursos naturales, que con este maldito Decreto 5503 enajena los recursos naturales para venderlos a precio de gallina muerta”, afirmó Mario Argollo al final de la protesta esta jornada.
Marcha
Según la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 2.500 personas partieron de la localidad de Calamarca el sábado. Sin embargo, Argollo asegura que en el trayecto se fueron sumando personas a la movilización, por lo que el número que descenderá el lunes a La Paz podría ser mayor.
Inclusive, los sectores fueron recibidos en El Alto por vecinos que instalaron ollas comunes para que puedan alimentarse y descansar.
En criterio de la COB y de las otras organizaciones sociales, la única manera de levantar las medidas de presión es con la abrogación del Decreto 5503. Caso contrario, pese a asistir a la reunión con el Gobierno, las movilizaciones continuarán.
“El pedido es único: la abrogación de este maldito decreto que lo ha hecho de manera unilateral, dictatorial y sigue sacando decretos, compañeros. Le tenemos que decir al Gobierno que gobierne para el pueblo y con el pueblo, no puede gobernar de manera dictatorial, con decretos inconstitucionales”, dijo Argollo.
Por su parte, el canciller Fernando Aramayo denunció que una “aristocracia sindical” impulsa las movilizaciones, debido a que muchos de sus beneficios se verán perjudicados con las nuevas medidas del Gobierno.
