El expresidente Evo Morales enfrenta un nuevo proceso penal por el delito de trata de personas, vinculado a Noemí M.C., una adolescente que presuntamente fue trasladada en vuelos nacionales desde los 14 años para mantener encuentros íntimos con el exmandatario.
Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación contra Morales y otras 11 personas denunciadas.
La denuncia fue presentada por el exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Marcelo Alcázar, quien afirmó que entre 2015 y 2020 algunas personas, en su condición de funcionarios públicos, adquirieron pasajes aéreos para la menor a través de Boliviana de Aviación (BoA).
Según la denuncia, los pasajes fueron comprados en la zona central de la ciudad de La Paz y utilizados para viajes a distintos departamentos del país. El caso fue registrado con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349.
Alcázar señaló que los boletos fueron adquiridos sin autorización de la autoridad competente, como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, omisión que tampoco habría sido observada por el personal de la aerolínea estatal.
El denunciante describió la existencia de una “organización criminal” integrada por exautoridades y exfuncionarios públicos que habrían garantizado la logística, el traslado y el presunto encubrimiento de al menos 37 encuentros entre Morales y la presunta víctima.
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Entre los denunciados figuran el exgerente de BoA, Ronald Casso; Rodolfo Castro. También fue mencionada la abogada Carla Lorena Sandy, quien se desempeñó como viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 entre otros.
En contraste, el exdiputado evista Anyelo Céspedes calificó las denuncias contra Morales como una “novela” y sostuvo que no existe una víctima. Aseguró que el caso nunca tuvo sustento jurídico y que no hubo una denuncia formal presentada por la familia de la presunta afectada.
Céspedes afirmó que el proceso fue impulsado por el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el Gobierno del presidente Luis Arce con el objetivo de inhabilitar políticamente a Morales y evitar que realice campaña. “Esta es una denuncia más en su contra; ya superan las 50, todas injustificadas e ilegales”, declaró.
Morales permanece atrincherado desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, luego de que la Justicia de Tarija emitiera una orden de aprehensión por otro caso relacionado también con trata de personas.
Ese proceso se originó por una denuncia sobre una presunta relación entre Morales y una adolescente en la ciudad de Yacuiba, en 2015, cuando aún ejercía la presidencia. De acuerdo con la investigación, de esa relación habría nacido una niña.
