El fiscal Omar Yujra informó este lunes que, tras la determinación judicial que dispuso cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, el Ministerio Público apeló la medida y solicitó que se impongan seis meses de reclusión, tal como se estableció en la imputación formal.
Montaño es investigado por un presunto caso de corrupción en la construcción de un tramo carretero. Según el fiscal, los montos observados son variables, pero se estima un perjuicio cercano a $us 3 millones, cifra que será “aclarada y concretizada” mediante una auditoría forense.
El exministro enfrenta imputación formal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Yujra precisó que los hechos se remontan a 2015, cuando el contrato original sufrió diversas modificaciones y complementaciones. En el caso específico de Montaño, la investigación se centra en los contratos modificatorios suscritos entre las gestiones 2020, 2021 y 2025, periodo en el que ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas.
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Consultado sobre la posible implicación de otras autoridades, el fiscal señaló que existen varias personas investigadas, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“Se trata de personas que tenían la autoridad máxima dentro del Ministerio de Obras Públicas, así como de la Administradora Boliviana de Carreteras. Son más de ocho personas las que están siendo investigadas en este caso”, afirmó Yujra.
Por su parte, la defensa del exministro adelantó que solicitará su traslado a la ciudad de Santa Cruz, argumentando que allí se encuentra su domicilio, núcleo familiar y actividades laborales, por lo que correspondería que cumpla la detención preventiva en ese distrito.
El proceso se enmarca en una serie de investigaciones impulsadas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en contratos de infraestructura ejecutados en gestiones anteriores.
