El juicio en apelación contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos comenzó este martes con la líder ultraderechista francesa esperando anular una primera condena y salvar su candidatura a la elección presidencial de 2027.
En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, demostró una «caza de brujas».
La política de 57 años llegó al Palacio de Justicia de París, en el centro histórico de la capital, para la primera jornada de este juicio prevista hasta el 11 de febrero, sin hacer declaraciones a la prensa, constataron periodistas de AFP.
«Espero poder convencer a los magistrados de mi inocencia», dijo el lunes a la prensa la líder ultraderechista, cuya «única línea de defensa» será «decir la verdad». «Esperando que me escuchen mejor que en primera instancia», apuntó.
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Juicio
El proceso en apelación llega cuando Le Pen o su delfín Jordan Bardella lideran los sondeos para suceder al centroderechista Emmanuel Macron en 2027.
Además de Le Pen, otras 23 personas entre exeurodiputados, miembros y trabajadores del otro Frente Nacional (FN), rebautizado Agrupación Nacional (RN), también fueron condenadas, al igual que la formación. Doce y el propio partido recurrieron la sentencia.
La presidencia de Francia era su objetivo desde que en 2011 heredara las riendas del FN, partido histórico de la extrema derecha, de su padre Jean-Marine Le Pen y cuya imagen extremista logró suavizar.
Sin embargo, el tribunal correccional de París la apartó de la carrera en marzo. Al condenarla a dos años de prisión firme, 100.000 euros (117.000 dólares) de multa y, sobre todo, a la inhabilitación inmediata.
Dato
Los jueces lo justificaron en la necesidad de «velar por que los cargos electos (…) no se benefician de un régimen de favor. Incompatible con la confianza que los ciudadanos buscan en la vida política».
La corte la había declarado culpable de poner en marcha un «sistema» entre 2004 y 2016. Para que los asistentes parlamentarios de su partido en el Parlamento Europeo, pagados por la institución, trabajaran «en realidad» para la formación, algo prohibido.
La justicia francesa no reveló ningún enriquecimiento personal en este caso. En primera instancia, ordenó que los condenados devolvieran 3,2 millones de euros (3,72 millones de dólares) al Parlamento Europeo.
