La extorsión en Perú «no va a terminar» con el gobierno del presidente José Jerí, a pesar de su publicitada estrategia para combatirla, dijo en entrevista a la AFP el jefe de las Fiscalías Especializadas contra el crimen organizado.
Llegado al poder en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, que cayó justamente por esta cuestión, el expresidente del Parlamento intenta retomar el control de la situación en un país marcado por una profunda desconfianza hacia las instituciones.
Pero la extorsión, que se apoya en la amenaza de asesinatos por encargo, no se puede enfrentar «sin reforzar el sistema judicial, la policía, la inteligencia, la fiscalía y el poder judicial», advierte el fiscal Jorge Chávez en sus oficinas del centro de Lima.
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Extorsión
«Si no se fortalecen, puedes aprobar 50.000 leyes y nada cambiará», asegura.
A diferencia de su predecesora, Jerí inició su gestión liderando operativos policiales de captura de delincuentes y traslado de reclusos uniformados de blanco, agachados y con grilletes en manos y pies.
La imagen fue asociada de inmediato a las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Jerí declaró el estado de emergencia en la capital y el vecino puerto del Callao, lo que permitió el despliegue de militares en las calles.
«El enemigo principal en las calles son las bandas criminales (….) debemos declararles la guerra», dijo al asumir el cargo.
Desinterés
Durante mucho tiempo percibido como relativamente una salva del crimen organizado en comparación con sus vecinos, Perú enfrenta ahora dinámicas similares a países como Ecuador.
En dos años, el número de denuncias por extorsión se multiplicó por más de diez, pasando de 2.396 a más de 25.000 en 2025.
El fenómeno «ha aumentado de manera exponencial debido al desinterés de los gobiernos anteriores (…) que creyeron que se trataba de delitos cíclicos», estima Chávez, de 62 años, en primera línea en la lucha contra el crimen organizado.
Jerí es el séptimo presidente peruano desde 2016, una inestabilidad crónica que, según el fiscal, ha impedido cualquier política a largo plazo.
Durante años «no hubo liderazgo, ni estrategia, ni presupuesto», insiste.
Jerí ejercerá sus funciones hasta julio. La ley le prohíbe postular en las elecciones generales de abril.
En 2025, más de 60 organizaciones criminales fueron desmanteladas y se dictaron más de 400 condenas. Resultados que el fiscal considera insuficientes frente a la magnitud del fenómeno.
