El Gobierno reforzó su discurso de lucha frontal contra la impunidad y la corrupción al pronunciarse sobre las recientes acciones judiciales vinculadas a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Justiniano, aseguró que el Estado no tolerará que exautoridades se beneficien ilícitamente a costa de necesidades básicas de la población.
En conferencia de prensa, la autoridad subrayó que los procesos en curso son el resultado de auditorías técnicas y evaluaciones institucionales impulsadas desde su cartera, en referencia a la aprehensión de los exministros de Desarrollo Productivo Néstor Huanca y Zenón Mamani, implicados en el caso harina subvencionada.
“En Bolivia no existen espacios para la impunidad, la actuación de la justicia reafirma un principio fundamental del Estado de derecho; lo que se ha identificado es nefasto, es una canallada que personas se hayan enriquecido ilícitamente aprovechándose de una necesidad legítima de la población, como es el acceso al pan”, afirmó.
Justiniano remarcó el respeto del Ejecutivo a la independencia del Órgano Judicial y destacó el trabajo técnico del Ministerio Público, señalando que los hallazgos documentados permitieron que las investigaciones avancen con apego a la ley y al debido proceso.
Cero impunidad a la corrupción
A su turno, el gerente de Emapa, Sergio Siles, explicó que las irregularidades detectadas se concentran en el manejo de la subvención de harina, incluyendo contratos observados en transporte, alquiler de galpones y provisión de insumos.
Añadió que las investigaciones también alcanzan a proyectos estratégicos como la Planta de Acopio y Transformación de Papas en El Alto y el Complejo Piscícola del Lago Titicaca, donde se identificaron indicios de conducta antieconómica.
El ministro enfatizó que su despacho continuará como parte querellante en el proceso y anunció que las auditorías técnico-legales seguirán de manera exhaustiva en las plantas y áreas bajo tuición de Emapa. “Nuestra gestión está orientada al servicio de las familias bolivianas. La lucha contra la corrupción es una obligación ética y legal”, sostuvo, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la eficiencia institucional.
Justiniano no descarta la participación de otras exautoridades durante la gestión del expresidente Luis Arce en posibles hechos de corrupción. Algunos sectores piden que se amplie la investigación contra exministros como Marcelo Montenegro y Sergio Cusicanqui.
Hasta el momento, también se encuentran detenidos por presunta corrupción Édgar Montaño, exministro de Obras Públicas; el expresidente Arce; Franklin Flores, exgerente de Emapa; Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB); y Edwin Condori, exgerente de la Empresa Estatal de Producción Comercialización del Oro (Epcoro).
