El reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que derivó en la abrogación del DS 5503 y su sustitución por un nuevo decreto económico-social, revela un viraje relevante en la forma de ejercer el poder: se privilegia la negociación antes que la escalada del conflicto. Tras días de bloqueos y presión social, la firma del acta en El Alto, que ordena levantar las medidas y elaborar una nueva norma consensuada, muestra que el Ejecutivo comprende que la sociedad boliviana está exhausta de la confrontación permanente que ha marcado, con distintas caras, los últimos veinte años.
Este pacto adquiere mayor relevancia al considerar el contexto electoral de la elección de Paz Pereira en segunda vuelta. Su programa político, prometedor de reformas ambiciosas en economía y subsidios, no puede ejecutarse íntegramente sin acuerdos y concesiones previos, particularmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el oficialismo carece de mayorías absolutas. La fragmentación parlamentaria obliga al Gobierno a negociar con la oposición para aprobar leyes de impacto, convirtiendo los decretos supremos en herramientas transitorias que requieren validación legislativa posterior. Así, el acuerdo con la COB no es solo una respuesta coyuntural, sino una estrategia estructural para sortear el impasse institucional heredado de las urnas.
Desde la perspectiva del derecho constitucional, este nuevo decreto —concebido como un «decreto paquete»— concentra decisiones de amplio alcance: reconfigura los subsidios a los combustibles, reajusta bonos sociales como Juancito Pinto y la Renta Dignidad, crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), congela el incremento salarial en el sector público para 2026 con algunas excepciones y establece modificaciones arancelarias. El Ejecutivo se apoyó en sus competencias privativas en materia de hidrocarburos, sistema financiero y política económica, pero al mismo tiempo se acerca peligrosamente a la frontera de la reserva de ley en seguridad social, gasto público y tributos, lo que abre un debate inevitable sobre los límites constitucionales del poder reglamentario.
En el terreno político, sin embargo, lo decisivo es el método: el conflicto con la COB se encauza mediante un acuerdo que evita una prolongación de los bloqueos y busca preservar la gobernabilidad, aun manteniendo medidas impopulares como el fin de la subvención a los combustibles. Por un lado, se observa una COB que busca recuperar espacios perdidos tras un manejo adverso a los intereses de la clase obrera que la componen, durante gestiones previas que priorizaron agendas gubernamentales sobre demandas salariales y de protección social. La central aprovecha su capacidad de movilización para reafirmarse como actor indispensable, forzando concesiones que revitalizan su rol en el pacto social. Se privilegia así una lógica de gobernanza pactada, donde la legitimidad no se agota en el resultado electoral, sino que se renueva en la capacidad del Gobierno de articular consensos con actores corporativos históricamente capaces de paralizar el país. Para una ciudadanía cansada de la política entendida como guerra de posiciones en calles y carreteras, esta apuesta por el acuerdo, aunque imperfecta, representa un giro que puede abrir espacio a una cultura de diálogo social más estable.
En contraste con esta línea de concertación, la figura del vicepresidente Edmand Lara se proyecta como un factor de tensión interna. Sus declaraciones públicas y su presencia en redes sociales, marcando distancia del propio Gobierno, cuestionando decisiones centrales e incluso perfilando una agenda personal de poder, reintroducen la lógica de confrontación en el corazón mismo del órgano Ejecutivo. Si el Presidente busca ordenar el conflicto social a través de pactos con la COB y otros sectores, el Vicepresidente aparece, de facto, como un actor disidente que debilita la coherencia del mensaje oficial y alimenta la incertidumbre política.
Desde el derecho constitucional, la Vicepresidencia está diseñada para coadyuvar al Presidente, no para convertirse en un poder paralelo ni en una «oposición interna». En un sistema presidencialista como el boliviano, la ruptura abierta entre Presidente y Vicepresidente altera la lógica de la sucesión constitucional y puede derivar en escenarios críticos: un eventual reemplazo del Presidente por alguien que ha venido deslegitimando al propio Gobierno tensionaría la confianza ciudadana en las instituciones. Varios juristas han advertido que, si un Vicepresidente ya no comparte la orientación del Gobierno, la salida constitucionalmente coherente no es la confrontación permanente, sino la definición honesta de su continuidad o la búsqueda de una solución política institucional.
El trasfondo de esta situación es un país cansado de la polarización. La gente quiere previsibilidad económica, reglas claras y autoridades que resuelvan los conflictos sin arrastrar a la sociedad a un estado de movilización permanente. En ese contexto, el acuerdo con la COB puede leerse como un ensayo de recomposición del pacto social: se asume el costo político de medidas difíciles, pero se lo hace explicando, negociando y ofreciendo compensaciones sociales, en lugar de imponer la decisión solo por la fuerza del decreto.
La actitud confrontacional del Vicepresidente, en cambio, se inscribe en la vieja matriz de la política boliviana, marcada por el cálculo personal, la búsqueda de visibilidad inmediata y el uso del conflicto como plataforma de poder. Cuando esta lógica se instala en el propio vértice del poder Ejecutivo, el mensaje que recibe la ciudadanía es contradictorio: por un lado, se pide confianza y sacrificio; por otro, se exhibe una élite gobernante dividida que privilegia las disputas internas sobre la responsabilidad institucional.
Desde una mirada articulada de derecho constitucional y ciencia política, el momento actual pone sobre la mesa tres desafíos. Primero, reconducir el uso de los decretos supremos hacia marcos más compatibles con la reserva de ley, fortaleciendo el papel de la Asamblea Legislativa en decisiones de gran impacto económico y social. Segundo, consolidar mecanismos formales de diálogo social con la COB y otros actores, de modo que los acuerdos no dependan solo de crisis coyunturales, sino que se transformen en instituciones de concertación permanente. Tercero, redefinir el papel político de la Vicepresidencia para impedir que se convierta en un foco de desestabilización, estableciendo reglas y prácticas que refuercen la corresponsabilidad y la lealtad constitucional entre las dos máximas autoridades del Ejecutivo.
Si estos desafíos no se abordan, el riesgo es evidente: el esfuerzo por gobernar a través de acuerdos puede naufragar por la acción de actores que, desde adentro del propio poder, prefieren el rédito inmediato de la confrontación al trabajo paciente de la construcción institucional. Si, por el contrario, el pacto con la COB marca el inicio de una etapa donde el conflicto se procesa en clave de diálogo y la Vicepresidencia se reconduce a su rol constitucional, Bolivia puede comenzar a dejar atrás el ciclo de polarización que ha agotado a su ciudadanía y avanzar hacia una democracia más estable y menos fatigada por el sobresalto permanente.
