Hace unos días vi cómo un grupo de funcionarios municipales le arrebataba una bolsa llena de achachairús a una vendedora instalada en la vereda. La escena, a todas luces, parecía un robo más que un decomiso. La funcionaria levantó la bolsa velozmente, mientras la mujer atendía a otra persona; casi de inmediato, una camioneta con más numerarios en la carrocería llegó al lugar y esperó a que la “decomisadora” subiera con el botín. Se marcharon riendo a carcajadas por la hazaña, mientras la vendedora intentaba contener las lágrimas.
A quienes observábamos la escena nos resultó una acción miserable. Quedó la sensación de que esa supuesta “medida de control” se ejecutó, además, porque la señora estaba apostada justo en la esquina de una conocida cadena de hamburguesas; a medida que fui avanzando parecía que en las calles adyacentes no había vigilancia.
Es probable que la vendedora no contara con autorización para ofrecer sus productos en ese punto. Sin embargo, los funcionarios actuaron como mafiosos: la amenazaron, advirtiéndole entre risas y burlas que la próxima vez le iría peor. Resultaba imposible interpretar lo ocurrido como una acción institucional regida por algún protocolo. Al contar lo sucedido en casa, mi hijo recordó que hace un tiempo vio a funcionarios municipales destrozar a patadas un puesto similar.
Este episodio revela mucho de lo que somos hoy como sociedad. Es evidente que ninguno de los involucrados actuó correctamente: ni la vendedora, ni los municipales. Pero hay una diferencia sustancial: ella se encontraba en una situación de absoluta fragilidad, mientras que ellos abusaron de su poder.
Escenas como esta se repiten a diario en múltiples espacios. Las vemos o las padecemos. La prepotencia, reflejo de una pobreza profunda, que pasa por cultura, educación y formación en valores, se ha vuelto parte de una convivencia ciudadana deteriorada por la suma de factores que profundizan fricciones, abuso y daño colectivo.
Hemos normalizado conductas que urge erradicar. Desde acciones como evadir impuestos, estacionar en doble fila e ignorar el semáforo, a invadir carriles en calles y carreteras, poniendo en riesgo la vida. Comerciantes operan con parlantes a todo volumen, generando una violencia acústica ya habitual. Conductores usan la bocina como si fuera un arma para despejar el camino. Los niños observan a sus padres arrojar basura en espacios públicos o pagar coimas en lugar de respetar normas básicas. Así, con cientos de gestos cotidianos, se consolida la búsqueda de lo individual en detrimento de lo colectivo. Cada quien abusa como puede.
Revertir esta situación es un desafío complejo que debe ser tomado en cuenta por quienes gobiernan y por aquellos que asumirán funciones de servicio público luego de las elecciones subnacionales de marzo. Es un tema crítico, implica un cambio cultural que requiere años de educación y sensibilización. La mentalidad del bloqueo y del abuso no se corrige solo con leyes: exige un abordaje integral y cotidiano, desde las instituciones, las familias y la sociedad en su conjunto.
Es momento de trabajar en esto desde diversos niveles del Estado, en articulación con el gobierno central y el sector privado. Sanar el tejido social, fortalecer valores y superar la polarización es posible. Lo sé porque, así como podemos ser mezquinos, también somos capaces de gestos extraordinarios: unos donan sangre, otros apoyan causas solidarias, reciclan o rescatan animales. Además, tenemos una costumbre particular que refleja mucho de nuestra esencia: nos saludamos entre desconocidos cuando usamos transporte público; una práctica muy nuestra. Si hacemos eso ¿cómo no vamos a ser capaces de cultivar actitudes que nos hagan mejorar como personas y como sociedad?
Isabel Navia Quiroga es comunicadora y periodista
