El Gobierno dejó abierta la posibilidad de romper los contratos para la explotación del litio firmados con empresas de China y Rusia, luego de admitir que los convenios comprometen la fe del Estado, pero que aún se encuentran bajo evaluación técnica y legal para determinar si generan daño económico para el país.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó en contacto con Erbol que se realiza una revisión detallada de los acuerdos aprobados de manera reservada por la anterior administración. Si bien cuestionó la forma en la que se dispuso de recursos naturales sin transparencia, reconoció que en este caso se comprometió la fe del Estado, un aspecto que obliga al Gobierno a actuar con cautela.
Espinoza señaló que Bolivia arrastra un historial de incumplimiento de compromisos estatales, lo que ha deteriorado la confianza internacional. “No podemos seguir en esa dinámica de deterioro de la confianza que se tiene en Bolivia, no como gobierno sino como país”, afirmó, al explicar por qué el Ejecutivo es prudente al pronunciarse sobre el reconocimiento de los contratos.
Contratos de litio
No obstante, el ministro fue enfático al indicar que la evaluación en curso podría derivar en la ruptura de los convenios. Precisó que, si se identifican cláusulas que comprometan los recursos nacionales o generen perjuicio económico, “evidentemente serán denunciadas y se romperán los contratos o se tomará el mejor camino posible”.
Los contratos de explotación de litio con el consorcio Hong Kong CBC de China y Uranium One Group de Rusia fueron suscritos durante la gestión de Luis Arce, aunque hasta el momento no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa, requisito necesario para su ejecución.
Ambos contratos permitirían la llegada de más de $us 2.000 millones para la industrialización del litio y producir carbonato de litio en grado batería, de manera que el país podría aprovechar sus más de 20 millones de toneladas del recurso.
Sin embargo, los convenios generaron rechazo y movilizaciones durante la anterior administración, debido a que, según la oposición, no contemplaban el impacto ambiental y a las comunidades, además de ser presuntamente desfavorables para el Estado y demasiado generosos con las empresas trasnacionales.
