El Gobierno avanza en la elaboración de una nueva ley de recursos evaporíticos y litio, con el objetivo de transparentar la gestión del sector, atraer inversiones privadas y generar ingresos sostenibles para los departamentos productores y para el país.
El anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz Pereira durante el lanzamiento del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), en la ciudad de Potosí.
“Vamos a poner toda nuestra voluntad en la ley del litio, para que sea una ley transparente, potente, que traiga inversión y harta platita”, afirmó, y remarcó que la norma busca cambiar de fondo el enfoque aplicado en años anteriores al manejo de este recurso estratégico.
Litio
Paz Pereira fue crítico con la política del litio impulsada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), pues señaló que se firmaron contratos de manera reservada y se realizaron fuertes inversiones sin resultados concretos.
“Mi posición es hablarles con la verdad: ya vendieron a Bolivia, firmaron contratos que nadie conoce, invirtieron 1.200 millones de dólares y no hay litio”, sostuvo.
Asimismo, el Presidente advirtió que se impulsarán acciones para que esos recursos sean recuperados y se establezcan responsabilidades.
El anuncio se produce en un contexto marcado por la polémica en torno a los contratos firmados con empresas de China y Rusia, que aún no cuentan con aprobación legislativa y que actualmente son evaluados por el Ejecutivo desde el punto de vista técnico y legal. El propio Gobierno ha señalado que no se descarta romper esos acuerdos si se comprueba daño económico para el Estado.
Desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se informó que la nueva ley del litio formará parte de un paquete de cuatro normas estratégicas, que incluirán además hidrocarburos, electricidad, energías verdes y minerales críticos. Este conjunto normativo apunta a proyectar una imagen de mayor previsibilidad, sostenibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones internacionales.
La propuesta plantea que el litio deje de ser una promesa y se convierta en un motor real de desarrollo, con beneficios directos para regiones como Potosí, mayor participación regional en las rentas y un marco claro para la industrialización y exportación con valor agregado.
