La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y representantes del sector de la construcción se movilizaron este miércoles en la ciudad de La Paz debido al encarecimiento de los insumos para sus actividades, lo que provoca la paralización de obras.
De acuerdo con Pascual Velásquez, presidente de la SIB, aproximadamente un 80% de las construcciones están siendo paralizadas a causa de los precios desfasados en contratos que se firmaron con anterioridad.
“Me animo a decir que un 80% (de las obras) ya están paralizando. Los tiempos se nos están yendo, entonces es una situación muy caótica para el sistema constructivo nacional y es por eso que pedimos al Gobierno que escuche este pedido”, afirmó en conferencia de prensa.
El sector protestó en puertas del Ministerio de Economía exigiendo un decreto supremo para ajustar los precios de los productos del sector de la construcción conforme a la realidad del país.
De acuerdo con Velásquez, en algunos contratos el precio del cemento figura en Bs 46, pero en la actualidad se lo encuentra hasta en Bs 90, por lo que el sector opera con pérdidas.
“En porcentajes, los precios han subido entre un 25% y un 45%, lo que hace insostenible seguir trabajando de esa manera. Está provocando que muchos contratos se paralicen y eso hace que gran parte de nuestros socios queden desempleados”, señaló el presidente de la SIB.
Obras
Según el dirigente, hay aproximadamente 1 millón de empleos, tanto directos como indirectos, que dependen del sector de la construcción, por lo que la paralización pone en riesgo la fuente de ingresos de miles de familias en el país.
“Si no se saca una medida como la que estamos pidiendo, esto va a ir a un colapso y eso no beneficia a nadie”, añadió. En criterio de Velásquez, el pueblo también se verá perjudicado, pues las obras públicas quedarán inconclusas y sin beneficiarios.
La anterior semana, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se declaró en emergencia y había advertido sobre las movilizaciones que se concretizaron este miércoles. Sin embargo, por el momento no hay un pronunciamiento oficial del Gobierno respecto a las demandas del sector.
