A treinta y cinco días del inicio del nuevo gobierno, la expectativa por un cambio que nos acerque a la puerta de salida de la descomposición institucional y la crisis económica en la que nos encontramos empieza a menguar y lucha por subsistir. Si pasadas las elecciones estaba claro que este gobierno fue eficaz electoralmente; ahora le tocaba serlo gubernamentalmente, haciéndolo bajo el mandato ciudadano de encontrar equilibrios, cuidar los tiempos, ordenar diversos estilos y sopesar las formas político-administrativas para llevar al país a un mejor momento. Una transición exitosa pues.
En términos de análisis, separar lo económico de lo sociopolítico es necesario, al menos mientras no se consolide un meridiano escenario de recuperación económica. Así, en lo económico, aunque predomina la retórica anti-subvenciones porque hubo desvíos y enriquecimiento ilícito, huelga decir que también hubo acceso ampliado a productos y una mejora real para sectores vulnerables. Y aunque hoy la economía intenta sanear, hay mayor transparencia en estas decisiones y existe un cierto alivio tanto por la estabilización del dólar paralelo, el abastecimiento de carburantes y la mejora del riesgo país; también está latente el debate que plantea la disyuntiva entre aplicar medidas de shock, conseguir dólares verdaderos o arrancar verdaderamente un ajuste estatal.
Es el lado sociopolítico el que presenta un desbalance. La narrativa de que el gobierno gobierna para quienes no lo votaron se afianza cada día más, sostenida por decisiones que erosionan el piso de popularidad que todavía resguarda ese apoyo que puede llegar a ser volátil. El rol privilegiado del agronegocio en el nuevo ciclo político, la exención de impuestos a sectores de mayores ingresos y el incremento del precio del pan tras el retiro de la subvención a la harina son señales que pesan sobre la percepción pública.
A ello se suman las decisiones difíciles de explicar, que generan suspicacia incluso entre sectores afines. El acercamiento con Israel es el caso más claro: innecesario, indefendible y sin urgencia nacional que lo justifique dejando una interrogante profunda sobre la comprensión de la relación costo político versus beneficio país. Otro elemento que genera inexplicable inquietud es la relación entre el Presidente y el Vicepresidente. Aunque la polémica reciente disminuyó -apabullada por el innegable carácter presidencialista del país- para la población todavía no existe claridad sobre el funcionamiento interno de una dupla que ganó junta.
En paralelo, fricciones graves se aceleran: el conflicto en Cotapachi, con fallecidos y una respuesta gubernamental lenta; las hipótesis sobre grupos armados dedicados a la desestabilización; la disconformidad policial (intervención presidencial de por medio); todo ocurre en un contexto donde la judicialización de actores del periodo anterior avanza, intentando sostenerse bajo un manto de legitimidad y debido proceso, mientras no falta quienes lo interpretan en clave de revancha, ni quienes, con ello, calman la sed de acción que por todo lado se reclama.
En un país saturado de ansiedad, expectativa y malestar, el gobierno necesita modular sus acciones y su discurso. Se debe gobernar “para todos”, pero también se debe voltear hacia quienes le depositaron su confianza de inicio: porque la gobernabilidad comienza en casa. Los meses que vienen estarán cargados de tensiones de todo tipo, evitar que se transformen en crisis mayores dependerá, sobre todo, de que el gobierno empiece a construir (y mostrar) un horizonte compartido, uno capaz de sostener la ilusión de que, en medio de la tormenta común, la expectativa puede subsistir y la promesa renovarse.
Verónica Rocha Fuentes
es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
