Según el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, las alcaldías y gobernaciones pueden recibir recursos extras por más de Bs 2.800 millones por el incremento en los precios del combustible que anunció el Gobierno.
La autoridad explicó que, de acuerdo con el Decreto Supremo 5503, los nuevos ingresos que se generen por los costos de diésel y gasolina se distribuirán según la política del 50-50 que impulsa la gestión de Rodrigo Paz Pereira.
“El incremento de la recaudación relacionada a los combustibles se distribuye mitad para las alcaldías y gobernaciones y mitad para el Gobierno central. Eso significa que las alcaldías y gobernaciones podrían recibir más de 2.800 millones de bolivianos adicionales a sus recursos”, afirmó el ministro en contacto con Bolivia Tv.
Incremento
En criterio de Espinoza, esta medida permitirá que los gobiernos autónomos tengan recursos extras, en medio de un escenario económico complejo, para atender algunas demandas de infraestructura y otros proyectos.
“Podrán proveer mejor infraestructura, reparar calles, mejorar los accesos, reparar los alcantarillados, el desagüe público que afecta al sector del autotransporte”, indicó la autoridad, en respuesta a las protestas, justamente, de conductores que exigen la derogación del Decreto Supremo 5503.
Dicha norma, establece que la gasolina incrementará de Bs 3,74 el litro a Bs 6,96; mientras que el litro de diésel pasará de Bs 3,72 a Bs 9,80; en tanto que el Gas Natural Vehicular (GNV) tendrá un costo de Bs 2,73 por metro cúbico.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó que el incremento de precios de combustible tiene como fin que para 2028 se logre revertir la tendencia decreciente en el sector hidrocarburífero.
En criterio de ambas autoridades, la medida permitirá que el abastecimiento del combustible se regularice y ya no haya filas en las estaciones de servicio que afectan el normal trabajo de los transportistas.
De acuerdo con los ministros, el incremento de precios en la gasolina y el diésel permitirá cortar de raíz el contrabando de carburantes y consideran que no hay motivos para incrementar los precios de las tarifas del transporte público.
