Los trabajadores mineros asalariados determinaron ir a la huelga general indefinida movilizada hasta la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno y, en particular, al Decreto Supremo 5503. Acusan al Ejecutivo de beneficiar a los sectores más pudientes y perjudicar a la clase trabajadora.
“La minería asalariada instruye y declara huelga general indefinida y movilizada hasta la renuncia del gobierno de turno en su totalidad y la abrogación del decreto 5503 y otros aprobados recientemente que han beneficiado a las clases pudientes”, indicó André Paye en el ampliado minero.
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La determinación fue asumida en un ampliado nacional minero de emergencia, en el que se ratificó la unidad orgánica del sector minero asalariado y se instruyó a las federaciones y sindicatos del país iniciar de inmediato acciones de protesta coordinadas con otras organizaciones sociales.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la marcha nacional de protesta, que comenzará en los distintos distritos y departamentos, además de bloqueos de carreteras, como parte de una gran movilización nacional del sector minero.
Payé denunció que el actual Gobierno ha “oprimido y sometido” a los trabajadores y al pueblo boliviano, y advirtió que las medidas de presión se mantendrán hasta la derogación del Decreto Supremo 5503 y la atención de sus demandas.
“Esas son las coincidencias de la resolución de este ampliado. En este momento, necesitamos inmediatamente organizarnos mediante nuestras comisiones de movilizaciones y secretarias de conflicto. Como estrategia de lucha nos reservamos las otras medidas que vamos a hacer conocer en su momento”, mencionó.
El dirigente señaló que esta posición será planteada en el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de acompañar al pueblo y estar presentes en los puntos de bloqueo y protesta “junto a las masas”.
Asimismo, los sindicatos afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) declararon estado de alerta permanente y ratificaron que acatarán cualquier instructivo o cambio de determinación “hasta las últimas consecuencias”.
De manera paralela, el transporte urbano e interprovincial cumple un paro de 24 horas, medida con la que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los hidrocarburos.
