La Defensoría del Pueblo activó un monitoreo permanente a nivel nacional frente a las movilizaciones, protestas y medidas sectoriales registradas tras la emisión del Decreto Supremo 5503.
La labor se ejecuta a través de sus 21 Delegaciones Defensoriales Departamentales, Unidades de Coordinación Regional y oficinas defensoriales, en cumplimiento de su mandato constitucional de protección y promoción de los derechos humanos.
Durante el jueves y este viernes, equipos defensoriales se desplegaron en distintos puntos del país para verificar el desarrollo de marchas y concentraciones, el funcionamiento de terminales de transporte, estaciones de servicio y centros de abasto. El objetivo fue identificar posibles vulneraciones a derechos fundamentales como la libre circulación, la alimentación, el acceso a la información, el debido proceso y las condiciones de vida dignas.
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Los reportes recibidos dan cuenta de movilizaciones y pronunciamientos de organizaciones sindicales, juntas vecinales y sectores del transporte en departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando.
Asimismo, se registraron incrementos unilaterales en tarifas de transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, largas filas en estaciones de servicio y preocupación ciudadana por un eventual encarecimiento de productos de la canasta familiar.
La Defensoría advirtió que en varias regiones se evidenció afectación directa a personas usuarias del transporte, especialmente población en tránsito por las fiestas de fin de año y sectores en situación de vulnerabilidad, generándose escenarios de tensión social que requieren atención oportuna del Estado.
Ante este contexto, la institución desarrolla acciones preventivas de presencia territorial, promueve el diálogo con actores movilizados y coordina con autoridades competentes para prevenir hechos de violencia y garantizar el respeto de los derechos humanos.
La Defensoría reafirmó que continuará el seguimiento continuo de la conflictividad social y exhortó a las autoridades a priorizar medidas de protección a la población y a canalizar las demandas sociales mediante el diálogo como vía para construir consensos.
