La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el Gobierno autorizó la exportación de 880.000 toneladas de grano de soya; sin embargo, el sector pide la liberación total de las ventas de este grano y sus subproductos.
Mediante una nota institucional, Anapo remarcó la importancia de la liberación de las exportaciones para dinamizar el proceso de comercialización ante la proximidad de la cosecha de verano.
Abraham Nogales, presidente de Anapo, informó que la liberación quedó establecida mediante la emisión de un único certificado de abastecimiento interno por la cantidad de 880.000 toneladas de grano de soya, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La autorización permite exportar de inmediato hasta el volumen señalado sin cupos ni trámites adicionales, de manera individual, lo que facilita la operativa de exportación para el sector productor.
“Como Anapo habíamos solicitado la liberación del 60% de la producción, tal como lo establecía el Decreto Supremo 3920. No se dio en esos términos, pero esta medida nos sirve en lo inmediato y es un avance para mejorar los precios de esta cosecha de la campaña de verano 2025-2026”, señaló Nogales.
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Banda de precios
Asimismo, destacó la eliminación de los cupos y las bandas de precios para la harina y la cascarilla de soya, estableciendo que, a partir de ahora, los acuerdos de comercialización se definan entre privados, es decir, entre la industria y los sectores pecuarios.
No obstante, la entidad expresó observaciones sobre algunos aspectos que aún generan preocupación en la cadena productiva.
Mencionó a la fijación de un precio máximo para el aceite de soya, medida que también fue extendida al aceite de girasol. “Más allá del valor establecido, preocupa la señal que se envía al mercado cuando el Estado fija precios”, advirtió.
En el caso de los subproductos, se mantienen convenios de abastecimiento, además de la obligación de remitir informes de compras y ventas cada 15 días, un mecanismo de control que, según Anapo, resulta incómodo para los actores de la cadena.
Nogales explicó que se trata de medidas transitorias y que, en un plazo aproximado de dos semanas, el Gobierno podría emitir un nuevo decreto supremo que restituya la liberación plena de las exportaciones.
Ese decreto debería generar un marco normativo más claro y señales más favorables para el sector productivo.
Reiteró que mantener autorizaciones, certificaciones y controles innecesarios solo genera incertidumbre para la inversión, reduce el uso de tecnología, lo que disminuye la productividad y deriva en menor producción, menores exportaciones y menos ingresos de divisas.
La producción de soya es un pilar fundamental de la agroindustria boliviana y, según datos oficiales, en 2024 llegó a 2,9 millones de toneladas y en 2025 trepó a unos 3,7 millones de toneladas.
