El Ministerio de Defensa calificó este viernes como una “política perversa” las detenciones de militares involucrados en el proceso judicial por el supuesto golpe de Estado ocurrido el 26 de junio de 2024.
Señaló además que se tomó en cuenta los reclamos expresados por los familiares de los efectivos que se encuentran privados de libertad y recordó que estos hechos judiciales “tienen su origen en una política perversa impulsada” por el anterior gobierno de Luis Arce Catacora “como una forma de conducta institucional”.
El 26 de junio de 2024 un grupo de militares, encabezados por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, tomó la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre
Por este caso, más de 100 personas se encuentran bajo investigación, de las cuales al menos unas 30 ya fueron sometidas a audiencias de medidas cautelares.
En octubre de 2025, la Cámara de Senadores aprobó el informe de la comisión especial que investigó los hechos del 26 de junio y descartó que se haya tratado de un golpe de Estado, como sostuvo el Gobierno del presidente Luis Arce en su narrativa oficial.
El informe concluyó que no existió ni un golpe de Estado ni un autogolpe y calificó lo ocurrido como un “movimiento militar con fines distractivos”, según explicó entonces el senador Félix Ajpi.
El Ministerio de Defensa recordó que las causas en cuestión se tramitan dentro de la jurisdicción ordinaria y corresponden a procesos penales seguidos contra las personas presuntamente involucradas, por lo que remarcó la necesidad de que todas las actuaciones se desarrollen en estricto apego a la ley y al debido proceso.
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En ese marco, el Ministerio de Defensa advirtió que resulta complejo deslindar determinados hechos, debido a la interdependencia de derechos que pueden verse afectados de manera involuntaria, particularmente en perjuicio de terceras personas.
Entre ellas mencionó a hijos e hijas de algunos de los militares detenidos preventivamente, quienes —según señaló— han visto vulnerados algunos de sus derechos.
La institución consideró fundamental instar a las autoridades judiciales competentes a cumplir estrictamente los plazos establecidos por ley, en resguardo de la seguridad jurídica y del respeto al Estado de Derecho.
