El abogado Marco Mostajo informó este lunes que el Estado boliviano debe responder en un plazo de 15 días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de salud y las condiciones de la detención preventiva de la exvocal Claudia Castro, imputada por el caso consorcio y tráfico de influencias.
Mostajo explicó que la acción ante la CIDH se remonta a noviembre de 2025, cuando el organismo internacional emitió una primera respuesta tras revocar la medida cautelar que beneficiaba a Castro.
En ese pronunciamiento, según Mostajo, la CIDH solicitó a las autoridades bolivianas explicar las razones por las que se habría vulnerado el derecho a la vida y a la salud de la exvocal, al dejar sin efecto su detención domiciliaria.
Según la notificación de la CIDH, el Estado boliviano debe informar en un plazo de 15 días sobre la solicitud de medidas cautelares, detallando la situación de salud de Castro, si tiene acceso a atención médica adecuada y si recibe el tratamiento necesario para sus afecciones.
Asimismo, se requiere información sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentra, si estas se ajustan a estándares internacionales y sobre los presuntos actos de intimidación durante su detención.
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El jurista recordó que Claudia Castro padece una enfermedad terminal, diagnosticada por especialistas, situación que ,según señaló, fue ignorada por las autoridades. Añadió que la CIDH también pidió explicaciones sobre por qué Castro es la única mujer que permanece detenida en este caso, mientras que otras personas imputadas no cumplen detención preventiva.
“Estamos ante la vulneración de un derecho constitucional y de un derecho internacional, que es el derecho a la salud”, sostuvo Mostajo, quien remarcó que el plazo de 15 días corre desde la recepción de las observaciones por parte del Estado.
Castro fue aprehendida en junio de 2025 por el denominado caso consorcio jurídico, luego de que la Fiscalía ampliara la investigación tras la detención del entonces juez de Coroico, Fernando Lea Plaza.
El caso tomó relevancia pública tras la filtración de un audio en el que se escucha al exministro de Justicia César Siles, gestión de Luis Arce Catacora, coordinar con Lea Plaza una acción judicial para inhabilitar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, presuntamente con respaldo de “altas esferas”.
En enero, la magistrada Coaquira afirmó que se encontraba a la espera de que el Ministerio Público presente la acusación formal contra Siles y los exfuncionarios judiciales involucrados.
Entre los imputados del caso se encuentran José Ramiro Uriarte, abogado del denunciante Antonio de la Fuente Amelunge; Fernando Marcelo Lea Plaza (fallecido); Claudia Castro, exvocal de la Sala Penal de La Paz; Iván Campero, magistrado suplente del TSJ; César Siles, exministro de Justicia; Iván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y Edwin Sarmiento, exfuncionario del TDJ paceño.
Si bien la justicia de La Paz dispuso la detención preventiva para Lea Plaza, Castro, Córdova, Campero y Siles, solo el exjuez de Coroico y la exvocal Claudia Castro llegaron a cumplir reclusión en un centro penitenciario.
