Bolivia volvió a ubicarse entre los países con mayor percepción de corrupción en el sector público, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este martes por Transparencia Internacional.
El país alcanzó una calificación de 28 sobre 100 y se posicionó en el puesto 136 de 180 países evaluados, tres lugares por debajo del registrado en la gestión pasada.
Aunque Bolivia mantuvo el mismo puntaje que en 2024, el retroceso en el ranking refleja que otros países avanzaron más rápido en materia de transparencia y control de la corrupción. La calificación boliviana se encuentra muy por debajo del promedio mundial, que es de 42 puntos, lo que evidencia debilidades persistentes en la institucionalidad pública, la rendición de cuentas y el control del uso de recursos estatales.
Índice
El IPC es el principal indicador global para medir la corrupción en el sector público. Se elabora desde 1995 y se basa en la evaluación de expertos y empresarios, utilizando información de 13 fuentes independientes, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y firmas internacionales de análisis de riesgo. La escala va de 0 (alta percepción de corrupción) a 100 (muy baja percepción de corrupción), y permite comparar resultados entre países y entre distintos años.
En el contexto regional, Bolivia se ubica en una franja intermedia-baja. De acuerdo con la página de Transparencia Internacional, la calificación más alta del país fue de 35 puntos en la gestión 2014; desde entonces, el país sigue cayendo en el ranking.
Corrupción
Si bien Bolivia supera a países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, Paraguay y México, sigue rezagada frente a la mayoría de las economías sudamericanas y lejos de los estándares de transparencia observados en los países mejor posicionados de América Latina.
El informe advierte que, en general, la región mantiene un promedio bajo de 42 puntos, sin avances significativos en más de una década.
Transparencia Internacional subraya que la corrupción en América Latina ha facilitado la expansión del crimen organizado, debilitando instituciones democráticas, servicios públicos y derechos ciudadanos. En este escenario, la falta de reformas estructurales, la debilidad del sistema judicial y las limitaciones a la fiscalización efectiva continúan siendo factores críticos.
Desde la organización se remarca que mejorar los resultados del IPC no depende solo de discursos, sino de acciones concretas, como fortalecer la independencia judicial, garantizar transparencia en la contratación pública, proteger el espacio cívico y asegurar que los casos de corrupción sean investigados y sancionados sin interferencias políticas.
