La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece el registro automático de arraigo para exautoridades, con el objetivo de que la Dirección General de Migración registre de forma inmediata la restricción de salida del país en sus sistemas de control fronterizo, sin necesidad de una orden judicial.
La propuesta legislativa 061/2025-2026 plantea la modificación de la Ley 1352, referida a la permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.
“Con este proyecto de ley aprobado, de manera automática y a través de un sistema, la Dirección General de Migración aplicará el arraigo a las exautoridades”, afirmó el presidente de la comisión, el diputado Manolo Rojas.
Asimismo, la iniciativa establece que las exautoridades deberán proporcionar información actualizada y verificable sobre su domicilio, número de teléfono y correo electrónico, con el fin de garantizar su localización y seguimiento permanente.
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El domingo, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1709, que amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en el país de las autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.
El objetivo es que estas rindan los informes “que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
En esa línea, los diputados Alejandro Reyes y Andrea Ballivián (Unidad) pidieron el lunes a Migración reforzar los sistemas de control para evitar la salida del país de exautoridades con arraigo.
“Se ha ampliado el arraigo porque es necesario que todas estas autoridades permanezcan en el país, ya que deben ser investigadas y, de ahora en adelante, se debe cumplir la Ley”, sostuvo Reyes.
Además, lamentó que durante el cambio de gobierno y los primeros días de gestión “muchas autoridades, designadas o electas, que dejaron sus funciones, hayan vulnerado la norma”, por lo que consideró que Migración “debe ser mucho más clara en su política pública”.
Por su parte, Ballivián señaló que el problema no radica en la ampliación del plazo, sino en los controles migratorios.
“No falló la Ley, falló Migración. El problema no es el tiempo, sino que Migración no cumple su trabajo. Existía una lista oficial de más de 800 exautoridades con restricción de salida y, aun así, 38 salieron del país y regresaron. La Ley estaba vigente, lo que falló fue el control y el cumplimiento de la norma”, lamentó.
