La Cámara de Senadores se dio un plazo de 10 días para definir si autoriza o no el inicio de un juicio de responsabilidades contra exautoridades del Estado, en el marco del procedimiento establecido por la normativa vigente, informó el senador Erick Soruco (PDC), presidente de la Comisión de Justicia Plural.
La aprobación de estos procesos requiere el voto favorable de dos tercios del pleno para su posterior remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Estamos en el análisis para ser remitido y esperamos que sea en el transcurso de los próximos 10 días”, informó legislador a Fides, al precisar que existen entre 18 y 20 juicios a la espera de su tratamiento, aunque aún no se definieron los nombres de las exautoridades involucradas.
Soruco explicó que la comisión evalúa las pruebas y los elementos suficientes que sustenten una acusación antes de elevar un informe al pleno.
“Todavía no podemos remitir nombres, porque puede que exista pruebas en algunos y en otros no. En base a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional que debe primar, es por eso que lo estamos reservando”, afirmó.
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Consultado sobre si los procesos alcanzan a expresidentes u otras altas exautoridades, indicó que corresponden a distintas gestiones e incluyen a expresidentes, exvicepresidentes, exministros, exprefectos y otras autoridades.
En paralelo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados registró más de 30 procesos de juicios de responsabilidades, varios de ellos dirigidos contra exautoridades del Estado, entre las que figuran el expresidente Evo Morales y los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El diputado Raddy Pantaleón señaló que algunos casos ya fueron derivados a comisión para iniciar la etapa investigativa, mientras que otros deberán ser analizados por la Comisión de Justicia Plural antes de elevar un informe a la Comisión de Constitución, que definirá si corresponde activar el trámite legislativo.
Añadió que ambas comisiones abordarán de manera integral todos los procesos, debido a los plazos procesales en curso.
