Este viernes vence el plazo para que el Estado boliviano cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y repare a las víctimas del caso denominado “Hotel Las Américas”. De no hacerlo, el proceso será remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Juan Carlos Guedes, uno de los afectados que posteriormente fue absuelto, exhortó al Estado a cumplir con el resarcimiento y advirtió que, si el caso llega a juicio internacional, asumirá la defensa del expresidente Evo Morales.
Según Guedes, en declaraciones a Correo del Sur, el Gobierno —durante la gestión de Luis Arce— solicitó una ampliación de plazo para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y buscar un acuerdo con las víctimas, con el objetivo de evitar un juicio ante el tribunal interamericano.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un grupo élite de la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, en un operativo que el entonces Gobierno calificó como una acción contra el terrorismo. A partir de ese hecho se inició el denominado caso Terrorismo.
Cinco de los afectados llevaron el caso ante la Corte IDH. En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH responsabilizó al Estado por la muerte de Michael Dwyer y concluyó que Mario Tadic, el húngaro Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza fueron víctimas de tortura, detención ilegal y arbitraria, además de vulneraciones a sus garantías judiciales.
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En abril de 2024, el entonces procurador general del Estado, César Siles, informó a Erbol que la madre del irlandés Michael Dwyer, abatido en el operativo policial de 2009 en el Hotel Las Américas, solicitó una compensación de 3.137.942 euros.
En el caso de Mario Tadic, uno de los sobrevivientes del asalto, el monto de resarcimiento requerido asciende a 752.690 euros. Siles calificó ambas cifras como “no razonables”.
El organismo determinó que los afectados permanecieron detenidos por períodos excesivos sin justificación legal ni acceso oportuno a una autoridad judicial.
Asimismo, estableció que el Estado debe reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito material como inmaterial, incluyendo compensación económica y medidas de satisfacción.
También recomendó disponer atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, de manera concertada y conforme a su voluntad; iniciar una investigación penal diligente, efectiva y en un plazo razonable para esclarecer plenamente los hechos, identificar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.
“Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación”, señala parte del informe.
El denominado caso Terrorismo fue cerrado en 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez. En ese entonces, el exministro de Gobierno Arturo Murillo retiró a su despacho como parte acusadora del proceso, tras lo cual la Fiscalía y el Órgano Judicial dispusieron el cierre del caso.
