El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, instó a la Asamblea Legislativa a retomar el tratamiento de al menos tres proyectos de ley que considera fundamentales para la reactivación económica.
Entre las normas pendientes figuran la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la ley que permite a los contribuyentes acceder al 100% del crédito fiscal por compra de combustibles y la anulación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).
«Hoy, en el Congreso (Asamblea) tenemos al menos tres proyectos de ley que esperamos sean tratados estos días; lamentablemente, entre los recesos de fin de año, de Carnaval y el proceso electoral (elecciones subnacionales), el Congreso ha estado tratando muy pocas leyes», afirmó Espinoza.
Leyes
El ministro recordó que la eliminación del ITF y del IGF fue un anuncio realizado en diciembre pasado y aún aguarda su aprobación legislativa, que recién comenzó su tratamiento la anterior semana.
Estas iniciativas forman parte del paquete de medidas que el Gobierno impulsa, pese a la anulación del Decreto Supremo 5503. La derogación de aquella norma fue producto de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), que aceptó la eliminación de la subvención a los combustibles a cambio de que otras disposiciones fueran tratadas mediante ley en la Asamblea Legislativa.
“La idea era absolutamente clara y sigue siendo la misma: eliminar el Estado tranca, facilitar al contribuyente la formalidad, reducir el costo de esta formalidad y permitir que la economía se reactive mucho más rápido a partir de un Estado que facilita, no que pone trancas a la gente”, sostuvo Espinoza.
Tratamiento
Los proyectos para el crédito fiscal para combustibles y la eliminación al ITF fueron aprobados por la Cámara de Diputados y ahora deberán ser sancionados por la Cámara de Senadores para que el Órgano Ejecutivo pueda promulgar las leyes.
Sin embargo, la Cámara Baja todavía no trató la eliminación al Impuesto a las Grandes Fortunas. Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron esta medida, pues consideran que beneficia a los más ricos que no representan ni el 1% de la población boliviana.
Por su parte, el Gobierno argumenta que el impuesto no representa ni el 1% de la recaudación tributaria y su aplicación genera la fuga de capitales. Las autoridades y legisladores de oficialismos afirman que si se elimina el tributo, llegará más inversión extranjera.
