Luego de la audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó 90 días de detención preventiva para Gabriela Delgadillo, exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La exfuncionaria quedará recluida en el penal de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, por el presunto delito de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
Delgadillo fue aprehendida el lunes por haber firmado una serie de documentos en calidad de vicepresidenta de la petrolera estatal cuando su cargo era de gerente en la empresa pública. Además, también está implicada en el caso Botrading, el cual investiga una presunta compra de combustibles con sobreprecio que benefició a una docena de extrabajadores de YPFB.
Delgadillo
Poco antes del inicio de la audiencia, la exgerente llegó enmanillada y aseguró que todo el proceso en su contra se trata de una persecución política y defendió su trayectoria en el sector hidrocaburífero.
“Todo esto es injusto, es una persecución política a una persona que es técnica. Tengo 14 años de experiencia (…), estoy viniendo a demostrar que tengo una designación formal, tengo absolutamente toda la documentación”, afirmó a los periodistas.
De igual manera, su defensa, el abogado Ariel Góngora, presentó en la audiencia los documentos que justificarían que Delgadillo fue designada como vicepresidenta de YPFB en 2025. Sin embargo, el juez rechazó las pruebas por considerarlas insuficientes y emitió la detención preventiva por 90 días mientras continúan las investigaciones.
Detención
De acuerdo con Delgadillo, la denuncia en su contra y la aprehensión son ilegales, pues se sustentan sobre falacias y malas interpretaciones de quienes llevan adelante el proceso. Explicó que se le acusa de incumplimiento de deberes por no haber presentado unos informes y por ello se inició la denuncia por conducta antieconómica, ya que sin esa documentación su sueldo no estaría justificado.
Sin embargo, todo esto antes de la audiencia, aseguró que contaba con todo el respaldo legal para probar su inocencia. Posteriormente, el fiscal Daniel Ortuño explicó que, por el riesgo de fuga y por la “posibilidad de autoría”, se procedió a la detención en Palmasola.
“No valoraron mis pruebas, porque cuando es político, no hay prueba que valga. Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas”, insistió al conocer la decisión.
Ortuño indicó que hay otras personas involucradas en el caso. Una ya cuenta con imputación formal y la otra aún será citada para que pueda comparecer ante el Ministerio Público.
