A 100 días de gestión, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías aseguró haber restablecido el abastecimiento de combustibles en el país, estabilizado los precios internos y golpeado al mercado ilegal de carburantes, acciones que —según la cartera— marcan el inicio de una nueva política energética.
El ministro Mauricio Medinaceli afirmó que el suministro se normalizó desde el primer día de gobierno gracias a gestiones previas que permitieron responder a la demanda acumulada.
“El primer día ya se llegó con combustible (…) fue el resultado de un trabajo previo”, sostuvo la autoridad, al señalar que esa intervención redujo rápidamente la presión generada por la escasez en surtidores.
Como segundo eje, explicó que la estabilización de los precios de gasolina y diésel se logró mediante una reconfiguración de la estructura de costos, que incluyó la actualización de márgenes de refinación y almacenamiento que no se modificaban desde hace más de 20 años.
Combustible
Medinaceli también destacó la reducción del mercado negro de combustibles. Según sus estimaciones, antes de la eliminación del subsidio a los carburantes cerca del 40% de las cisternas que ingresaban al país terminaban desviadas al contrabando.
El ajuste a la subvención habría permitido desarticular ese circuito, generando además un ahorro fiscal cercano a $us 10 millones diarios y debilitando economías ilícitas vinculadas al tráfico de carburantes.
En la misma línea, el presidente Rodrigo Paz afirmó que los primeros 100 días de su administración representaron un punto de inflexión económico, al asegurar que se logró estabilizar el tipo de cambio, reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza ciudadana. “Este barco está estabilizado, está flotando y tenemos que empezar a navegar”, señaló el mandatario.
El jefe de Estado subrayó que la eliminación de la subvención a la gasolina y al diésel fue una decisión “responsable y necesaria”, orientada a frenar el desvío de recursos públicos hacia el contrabando y la corrupción. Según el Gobierno, estas medidas constituyen la base para una política energética sostenible y para la estabilización macroeconómica en el corto plazo.
