La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró este martes en estado de emergencia ante lo que considera una “arremetida regresiva” contra los derechos laborales y advirtió con asumir medidas de presión escalonadas si no se atienden sus demandas.
A través de un pronunciamiento oficial, la máxima organización de los trabajadores rechazó cualquier intento de modificación de la Ley General del Trabajo, al considerar que se trata de una conquista histórica e inalienable del movimiento obrero boliviano.
“Cualquier intento de vulnerar estos derechos será respondido con medidas de presión escalonadas”, señala el documento.
La dirigencia también expresó su rechazo a la reforma de la Ley 157 sobre régimen de tierras, al advertir que la propuesta buscaría facilitar el embargo de pequeñas propiedades agrarias mediante la bancarización forzosa, afectando la función social y la inembargabilidad de la tierra.
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Asimismo, exigió a la Asamblea Legislativa el archivo “inmediato y definitivo” del proyecto de ley denominado “Antibloqueos”, al considerar que su trasfondo apunta a criminalizar el derecho constitucional a la protesta y la huelga. La COB advirtió que asumirá las medidas que “las bases exijan” si la iniciativa continúa su curso legislativo.
En su pronunciamiento, la organización también demandó al Ministerio Público actuar con transparencia en el denominado caso “Narcomaletas” y en los nuevos hechos de narcotráfico detectados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz.
La COB además cuestionó la crisis de carburantes y denunció la mala calidad de la gasolina, que, según señaló, ha ocasionado daños mecánicos severos al parque automotor.
En el ámbito institucional, la central sindical denunció una supuesta campaña de persecución política y difamación contra su dirigencia por parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público, a raíz de movilizaciones registradas en diciembre de 2025 y enero de 2026.
Expresó su preocupación por la política económica del gobierno del presidente Rodrigo Paz, señalando que la contratación de préstamos internacionales “desproporcionales” comprometería la soberanía económica del país y generaría un endeudamiento que hipotecaría el futuro de las familias bolivianas, sin claridad sobre el destino de los recursos.
