La secretaria técnica de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Kathia Saucedo, informó este miércoles que esa instancia rechazó por votación unánime el tratamiento del Proyecto de Ley de Eliminación de la Renta Vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes.
“Se trató el proyecto de ley enviado por una diputada, aunque el vicepresidente afirmó que es una propuesta suya, sobre la eliminación de las rentas vitalicias. En sesión se consideró un informe de comité y se aprobó de manera unánime el rechazo del proyecto”, explicó la legisladora.
El Proyecto de Ley 023/2025-2026 planteaba la eliminación de la renta vitalicia que perciben expresidentes y exvicepresidentes constitucionales. Entre sus impulsores figuraban diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afines al vicepresidente Edmand Lara.
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La iniciativa proponía abrogar la Ley 376, promulgada el 15 de mayo de 2013, que establece el pago de una renta vitalicia equivalente a diez salarios mínimos nacionales mensuales, financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN).
Saucedo explicó que, según el análisis realizado, las rentas vitalicias constituyen un derecho adquirido para las exautoridades y no se consideran un sueldo, sino un mecanismo para resguardar su dignidad y reconocer los servicios prestados al país.
“Independientemente de que se coincida o no con su planteamiento político. Se trata de resguardar los dos primeros cargos del país y reconocer el servicio que prestaron al Estado”, reiteró Saucedo.
La legisladora detalló que la Comisión de Constitución está conformada por diez diputados; sin embargo, recordó que el presidente de la instancia no vota, aunque dirige la sesión. En ese contexto, precisó que la decisión fue unánime entre los miembros habilitados para sufragar.
Asimismo, recordó que la propuesta fue presentada por la presidenta de la bancada del PDC, Marlene Miranda, quien forma parte de la Comisión, pero no asistió a la sesión debido a un viaje. Añadió que desde su incorporación en la agenda ya existían observaciones legales planteadas por el Comité de Desarrollo Constitucional.
Tras el rechazo en comisión, el informe será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para comunicar formalmente la determinación adoptada.
