La Defensoría del Pueblo, a través de ocho oficinas en zonas fronterizas, fortalece el monitoreo y la articulación interinstitucional para la protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana y migrantes, así lo hizo conocer el responsable de la Área de Movilidad Humana, Aldo Cortes.
“Se tiene ocho oficinas estrategias en frontera donde coordinamos con diferentes instituciones para velar los derechos de las personas que transitan en el sector”, indicó Cortes en el streaming «El Defensor con el Pueblo», que compartió con la Jefa de Misión en Bolivia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Pamela Fernández, y la destacada defensora de derechos humanos en México, Nancy Pérez García.
Las oficinas defensoriales prestan servicios de atención a quejas referidas a documentación, orientación, trata y tráfico, así como gestiones para acceso a la salud y otros, con el fin de que los procedimientos se ejecuten con un enfoque de derechos humanos, municipios fronterizos de Desaguadero (frontera con Perú); Pisiga (Chile); Villazón, Bermejo y Yacuiba (Argentina); Cobija y Puerto Suárez (Brasil); además de Riberalta, próxima a Guayaramerín, localidad fronteriza con Brasil.
“La migración irregular, en ningún caso es un delito; es considerada una falta administrativa que requiere la atención de las entidades del Estado. La prevención para la protección de las personas en procesos de movilidad humana, implica una tarea conjunta y de coordinación con agencias internacionales, así como lo hace la Defensoría del Pueblo”, remarcó Cortes.
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Por su parte, la jefa de la OIM en Bolivia, valoró profundamente la articulación lograda con la Defensoría del Pueblo. Destacó el trabajo conjunto en la generación de información y el fortalecimiento de centros de salud, además de la activación de protocolos ante casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
“El rol defensorial es vital para la protección de poblaciones de alta vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas y familias afectadas por la migración temporal. Además de varias iniciativas que impulsa como la atención de bolivianos repatriados (…) La actuación es fundamental para las poblaciones en temas de derechos humanos”, dijo.
Asimismo, el representante de Visión Mundial, Edson Amparo Tajama, resaltó el despliegue de la Defensoría del Pueblo en zonas fronterizas para garantizar los derechos de la población en tránsito, observando los constantes cambios en los flujos migratorios que actualmente se dirigen hacia destinos como Brasil.
Entre los desafíos identificados en el ámbito migratorio, se encuentran los ingresos por pasos irregulares en zonas de alto riesgo, donde las personas llegan en horarios nocturnos, cuando no se cuenta con presencia de personal médico de emergencias. También, se advirtió la urgente necesidad de apoyo humanitario básico, espacios de descanso y una atención prioritaria a la niñez no acompañada.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo identificó la necesidad de revisar los protocolos de reconducción y mejorar la logística e iluminación en puntos críticos como Pisiga y Desaguadero para prevenir situaciones que vulneren la dignidad humana.
