El Consejo de la Magistratura lanzó el Plan Integral de Control, Transparencia y Descongestionamiento con Perspectiva de Género en Recintos Penitenciarios, una iniciativa que busca reducir la retardación de justicia, agilizar procesos y mejorar las condiciones de acceso a la justicia para sectores vulnerables en todo el país.
Durante la presentación realizada en la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura en ciudad de La Paz, la consejera Gabriela Araoz explicó que el proyecto responde a la necesidad de implementar acciones concretas para enfrentar la mora procesal y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
“Anunciamos hoy una medida estructural para saldar una deuda histórica de nuestro Estado: garantizar una justicia pronta para las poblaciones más vulnerables”, afirmó Araoz.
La iniciativa contempla el despliegue mensual de brigadas móviles interinstitucionales en los centros penitenciarios de los nueve distritos judiciales del país. Estas brigadas estarán conformadas por personal del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), y la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
Araoz destacó que las primeras brigadas comenzaron a movilizarse desde este viernes a los centros penitenciarios femeninos de Miraflores y Obrajes, en la ciudad de La Paz, donde se prevé la emisión gratuita de aproximadamente 316 certificados del REJAP y CENVI para personas privadas de libertad.
“Emitiremos certificados directamente en los recintos penitenciarios para evitar que los procesos judiciales se retrasen por la falta de estos documentos”, explicó.
La consejera subrayó que esta intervención permitirá además revisar procesos judiciales y priorizar casos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como madres cabeza de hogar, mujeres embarazadas, adultas mayores o personas con enfermedades graves.
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El Plan también contempla la implementación de auditorías jurídicas y el mecanismo de “Despacho Puertas Abiertas”, orientado a intervenir causas judiciales que se encuentren paralizadas, especialmente en casos vinculados a violencia de género.
Araoz enfatizó que el Consejo de la Magistratura aplicará una política de “cero tolerancia a la retardación de justicia”, identificando posibles responsabilidades de autoridades o servidores judiciales que retrasen los procesos de manera injustificada.
Como parte de esta estrategia, el Consejo de la Magistratura consolidó una alianza estratégica con la Dirección General de Régimen Penitenciario, mediante un convenio interinstitucional que permitirá la implementación efectiva de las Brigadas Móviles en los centros penitenciarios.
Este convenio fortalecerá la coordinación entre ambas entidades y garantizará el acceso a los recintos penitenciarios para ejecutar acciones orientadas a reducir la mora procesal y el hacinamiento carcelario.
Dicho Plan responde a una política impulsada desde la Sala Plena del Consejo de la Magistratura para dar respuestas concretas a las necesidades del sistema penitenciario.
