La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) situó a Bolivia en la franja de “alta restricción” a la libertad de expresión y de prensa, junto a otros ocho países de América Latina, principalmente durante la gestión del expresidente Luis Arce.
“Alarmante también resulta que ocho naciones se encuentren en la franja de Alta Restricción: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador; y que dos, en la zona roja considerada Sin Libertad de Expresión: Nicaragua y Venezuela”, señala el informe del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, elaborado por la SIP para el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, publicado el martes.
El reporte añade que, bajo el gobierno de Luis Arce, la sostenibilidad de los medios se ha visto afectada por la discriminación en la asignación de publicidad estatal, fiscalizaciones y sanciones tributarias consideradas represalias por críticas, además de un lenguaje de estigmatización hacia la prensa independiente. También advierte que periodistas han sido agredidos en las calles por simpatizantes del oficialismo en un clima de impunidad.
Lea más: Defensoría condena secuestro y tortura de periodista
Según el informe, Bolivia obtuvo 37,12 puntos sobre un máximo de 100 en el Índice Chapultepec, lo que la mantiene en la categoría de alta restricción pese a una leve mejora respecto al informe anterior.
En el detalle de las dimensiones evaluadas, el país registró: 7,94 de 30 puntos en la dimensión Ciudadanía informada y libre de expresarse; 14,68 de 40 puntos en Actuaciones del Estado contra la violencia contra medios y periodistas; y 14,50 de 30 puntos en Control de medios y periodismo.
El documento también identifica que el entorno del Poder Ejecutivo es el que mayor influencia ejerce en las situaciones adversas a la libertad de expresión, seguido por factores del Legislativo y del Judicial.
Asimismo, señala que el Legislativo mantiene pendientes proyectos como la Ley de Acceso a la Información Pública y que un proyecto de norma para proteger a periodistas ha generado críticas de gremios periodísticos por posibles controles sobre los profesionales de la comunicación.
En el ámbito judicial, el informe menciona procesos contra periodistas por publicaciones críticas a autoridades o grupos de poder económico, y cita casos como los de Yolanda Barrientos, en Sucre, y Roberto Puma, en Tarija.
También recuerda que en 2025 la suspensión del juicio y posterior liberación con medidas sustitutivas de los implicados en el caso “Las Londras”, ocurrido en 2021, volvió a poner en evidencia la impunidad en hechos de violencia contra periodistas.
El reporte advierte que periodistas de investigación han denunciado campañas de ciberacoso y desprestigio mediante cuentas falsas, además de amenazas, mientras que la vulnerabilidad económica del sector genera condiciones que pueden derivar en autocensura.
