Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos con urgencia, pero el camino para aprobarla está sembrado de obstáculos. El presidente Rodrigo Paz anunció que enviará el proyecto al Legislativo después del 22 de marzo, una vez concluidas las elecciones subnacionales.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ya anticipó algunas líneas. Contemplará un régimen impositivo con una media del 50% conforme al mandato del referéndum de 2004, aunque variable según las condiciones del campo y el mercado. Contratos con cláusulas fijas e inamovibles y un marco orientado a atraer inversión privada para la exploración.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística ilustran con crudeza por qué el tiempo apremia. La producción de gas natural cayó un 53,7% entre 2014 y 2025. La de hidrocarburos líquidos cayó un 63,1% en el mismo período. Bolivia pasó de gastar $us 272 millones en combustibles importados en 2006 a más de $us 3.000 millones en 2022. Esa es la factura de dos décadas de políticas que no lograron atraer la inversión necesaria para reponer reservas.
El daño ya está hecho
«Hay que hacer una ley que atraiga efectivamente capital para exploración. Debe estar diseñada para lograr que se perforen cinco, seis, diez pozos al año por el sector privado», dice Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos. Para que eso ocurra, la ley debe dar señales acordes al riesgo país, al riesgo geológico y al tamaño de los campos.
«Hay que bajar el IDH, hay que hacer una reducción en la carga tributaria y fiscal», precisa Ríos. «Las dos variables más importantes para que una empresa venga son que pueda obtener rentabilidad, combinada con menor carga fiscal y mejores precios en el mercado interno». Los precios actuales —27 dólares el barril para el petróleo y un dólar por millón de BTU para el gas en el mercado interno— «desincentivan la exploración», agrega.
Ríos también plantea un cambio institucional de fondo. «YPFB (debe ser) una empresa más, no puede seguir siendo dueña de las áreas del país. Ese rol debería recaer en algún organismo como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que licite las áreas de manera transparente». Y añade una advertencia sobre el proceso de elaboración de la ley. «El ministerio tiene que obtener los comentarios de la ley que está elaborando de parte de quienes van a poner el dinero. Los que tienen que estar de acuerdo son los que van a invertir. Esta no es una ley política, es una ley técnica».
El tiempo corre en contra del país
Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, coincide en el diagnóstico, pero advierte sobre los plazos. «Si se aprueba una buena ley de hidrocarburos, podrán verse resultados en cinco u ocho años. Hasta entonces, el país estará limitado a importar los energéticos que consume». Esa perspectiva contrasta con la urgencia de la crisis actual y subraya el costo real de cada año perdido sin un marco normativo adecuado. «En este corto plazo —un año o dos— Bolivia lo que está viviendo es más bien la consecuencia de las malas decisiones de política hidrocarburífera que se tomaron a inicios de este siglo», señala el analista.
El mayor riesgo político está en la Asamblea Legislativa, donde el partido de Paz no tiene mayoría y el vicepresidente Edman Lara, que preside el Legislativo, se ha declarado opositor. Ríos no deja lugar a ambigüedades. «Si el proyecto de ley va a la Asamblea y los legisladores la modifican, los padres de la patria serán responsables de que Bolivia se quede importando hidrocarburos por los próximos veinte o treinta años. Los legisladores no son quienes van a poner la plata, y en general no tienen el conocimiento sectorial para hacerlo», sentencia.
