El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, denunció este viernes que una auditoría evidenció un daño económico de Bs 1.000 millones en dos contratos por la compra de aceite de soya para la producción de biodiésel.
En conferencia de prensa, Akly explicó que ese monto se entregó como anticipo a la empresa Indueste sin retorno para la estatal y señaló al entorno familiar del expresidente Luis Arce como responsables de estos ilícitos.
“Son más de 1.000 millones de bolivianos en anticipos sin ningún retorno para la empresa; este dato se está trabajando bajo un modelo en el que se valieron recursos de YPFB-Refinación para estructurar estos negociados”, afirmó Akly.
Según su explicación, el anticipo se destinó a la compra de aceite de soya, pero la empresa Indueste solamente entregó el 17.3% del volumen total contratado.
De acuerdo con la explicación del titular de la estatal petrolera, Botrading generaba recursos que se repatriaban a YPFB Refinación y con estos recursos se elaboraban proyectos, contratos, iniciativas y se disponían recursos sin cumplir con la normativa interna.
“El objetivo de estos contratos era la compra de aceite vegetal que no fue cumplido. (…) YPFB-Refinación se convirtió en un puente financiero para estructurar negocios que han beneficiado de manera directa al entorno de la familia Arce”, remarcó el titular de YPFB.
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Denuncia
Asimismo, dijo que se presentó una denuncia contra la empresa Indueste y contra 14 personas de la anterior administración de YPFB Refinación por contratos lesivos, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
Al respecto, el gerente de YPFB Refinación, Aquiles Pfeiffer, explicó que auditoría evidenció irregularidades en los contratos de suministro de aceite de soya para la producción de biodiésel en Santa Cruz.
Y dijo que existen “evidencias documentadas de que la administración anterior (…) modificó el reglamento de garantías antes de la ejecución de estos dos contratos”, lo que permitió la entrega de anticipos sin respaldo suficiente.
“En el marco del primer contrato, adjudicado el 4 de abril de 2024, se efectuaron anticipos sin garantías suficientes por más de 400 millones de bolivianos”, mientras que “a los seis meses (…) se suscribió un segundo contrato que también contempló el pago de anticipos sin garantía suficiente por cerca de 600 millones de bolivianos”, detalló.
Explicó, además, que en ninguno de los contratos se remarcan anticipos y aseguró que no había la garantía suficiente por los montos desembolsados.
El gerente garantizó también que la empresa está reforzando los controles internos para evitar nuevos hechos similares. Además, remarcó que este ilícito no tiene que ver ni afecta la distribución de combustibles en el país.
