En una evaluación de media jornada de votación, la Defensoría del Pueblo atendió 158 denuncias de las cuales 46 fueron por la apertura tardía de mesas. 40 por voto preferente para personas adultas mayores o con discapacidad uy 13 por falta de información, entre otros.
La mayoría de las denuncias se registraron en La Paz (44); Oruro (30) y Santa Cruz (24), según el informe de la institución defensorial.
El informe también reportó episodios de conflictividad electoral durante la media jornada. En La Paz, el penal de San Pedro registró una protesta por la demora en la apertura de mesas. El problema se resolvió luego de la habilitación de cinco para 1.067 votantes.
En Beni, la comunidad de Exaltación de la Cruz suspendió cuatro mesas ante presuntas irregularidades en el padrón. En Santa Cruz de la Sierra, se registró un enfrentamiento entre periodistas y personal de seguridad de un candidato.
La Defensoría del Pueblo desplegó un operativo de monitoreo en 34 municipios de los nueve departamentos del país. Alcanzó aproximadamente 275 recintos electorales en la mañana de la jornada electoral.
“En general, la evaluación es de completa regularidad, salvo algunas incidencias menores que se han presentado durante las primeras horas de votación. La participación de la población se ha desarrollado de manera ordenada hasta este momento”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante el informe preliminar.
MONITOREO
Asimismo, la institución realizó un operativo de monitoreo en 34 municipios de los nueve departamentos del país, alcanzando aproximadamente 275 recintos electorales en la mañana de la jornada electoral.
En cuanto a la conformación de mesas, el informe evidenció una persistente brecha de género: el 62% de las mesas de sufragio estuvo presidido por hombres, frente a un 38% de mujeres, manteniéndose una tendencia similar a procesos anteriores. Asimismo, el 80% de las mesas contó con al menos un delegado de organizaciones políticas, fortaleciendo la supervisión partidaria del proceso.
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El reporte preliminar también identificó que el 24% de los recintos monitoreados no cumple con condiciones adecuadas para personas con dificultades de movilidad. A ello se suma que en el 26% de los recintos no se habilitaron espacios adecuados para el voto asistido; esta situación fue parcialmente subsanada hasta el momento del monitoreo.
