La Asociación de Productores de Semillas (Asosemillas), en coordinación con la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa), alertan sobre el crecimiento sostenido del uso y la producción de insumos ilegales en Bolivia.
Según el sector, se trata de una problemática que impacta directamente en la productividad, la sanidad de los cultivos y la competitividad.
De acuerdo con el estudio “Estimación del contrabando de plaguicidas, fertilizantes y uso de semilla no certificada”, elaborado por el Centro de Estudios Económicos (Cebec) de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), el mercado de plaguicidas ilegales, falsificados o adulterados en el país oscila entre 108 y 151 millones de dólares, lo que representa entre el 32% y el 44% de las importaciones legales.
El informe también revela que el 57% del uso de semilla de soya y maíz es ilegal, mientras que la fertilización fuera del sistema formal alcanza al 69% del área agrícola, evidenciando la magnitud del problema.
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Insumos ilegales
Además, se advierte que estas cifras podrían ser aún mayores. El cálculo se basa en datos de producción de semillas certificadas reportadas por el INIAF, sin considerar ventas reales ni saldos no comercializados. Al incorporar estos factores, el uso de semilla fuera del sistema formal podría acercarse al 85%, reflejando un escenario más crítico.
El estudio identifica también la producción y circulación de semillas al margen del sistema formal, incluyendo el uso no declarado de variedades registradas y su reintroducción en campo sin control ni certificación. Esta situación debilita la trazabilidad y afecta el orden del sistema productivo.
Desde Asosemillas se enfatiza que el uso de semilla no certificada pone en riesgo la calidad de la producción, favorece la propagación de malezas, compromete la trazabilidad de los cultivos y afecta la sostenibilidad del sistema agrícola. Asimismo, genera una competencia desleal para los productores que cumplen con la normativa vigente.
Dato
Las instituciones advierten que esta problemática responde a factores estructurales, como controles insuficientes y la creciente presencia de estos productos en mercados informales. Además de su comercialización a través de canales no regulados, incluidas plataformas digitales.
El impacto del comercio ilegal de insumos agropecuarios es amplio y afecta no solo a la economía. Sino también a la salud de productores y consumidores, al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la competitividad del sector exportador.
En este contexto, APIA, Aprisa y Asosemillas reiteran la necesidad de una acción urgente y coordinada entre entidades como el Senasag, el Iniaf, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la Aduana Nacional. Con el objetivo de Identificar y controlar puntos de producción y distribución no autorizados. También fortalecer los controles en rutas y canales de comercialización y realizar seguimiento a la oferta de insumos ilegales en medios digitales y redes sociales.
