El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó que el proyecto de ley referido a la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y/o empresa agropecuaria, sancionado por la Cámara de Diputados, no haya seguido un proceso deliberativo adecuado.
Recordó que la institución remitió el 12 de marzo una nota oficial exhortando a la Asamblea Legislativa a realizar un debate amplio, responsable y técnicamente fundamentado.
«Se trata de una temática estructural que incide directamente en el modelo agrario del país; por tanto, su entrada en vigencia no puede limitarse a una aprobación formal, sino que debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos», señaló el Defensor del Pueblo.
El miércoles, la Cámara de Diputado sancionó el Proyecto de Ley 157/2023-2024, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, de manera voluntaria y gratuita.
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Las disposiciones del proyecto de ley se aplicarán a nivel nacional para todas las pequeñas propiedades que se encuentren tituladas por el INRA y que cumplan con los requisitos establecidos para su conversión.
El Defensor señaló que el análisis técnico desarrollado por la Defensoría del Pueblo enviado a la Asamblea, identificó aspectos relevantes que deben ser considerados en el debate legislativo, entre ellos: la posible modificación del régimen jurídico de la pequeña propiedad agraria; la eventual pérdida de su condición de patrimonio familiar inembargable.
Además de la incorporación a dinámicas de mercado que podrían afectar a pequeños productores, y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la Función Económica Social (FES).
“Se trata de una temática estructural que incide directamente en el modelo agrario del país; por tanto, su entrada en vigencia no puede limitarse a una aprobación formal, sino que debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos”, enfatizó.
Asimismo, el Defensor del Pueblo subrayó que “la deliberación pública y participativa es un pilar fundamental de la democracia, que remarca la necesidad de profundizar la democracia deliberativa en el país, garantizando que la aprobación de leyes incluya debate técnico, participación ciudadana y evaluación integral de impactos, contribuyendo a la paz social y la seguridad jurídica de las poblaciones rurales”.
Callisaya convocó a las autoridades del Órgano Ejecutivo a facilitar espacios de diálogo amplios, inclusivos y técnicamente fundamentados que permitan prevenir conflictos sociales y fortalecer consensos en torno al modelo agrario del país.
