Un fallo emitido por el juez mixto Diego Campero García, del municipio de El Torno, en Santa Cruz, ordenó la suspensión de la difusión de encuestas electorales y generó fricción tensión entre dos órganos del Estado.
La resolución instruye a medios televisivos, digitales y radiales abstenerse de publicar estudios de intención de voto antes, durante y después del debate electoral previsto en Santa Cruz.
“Se ordena la suspensión inmediata de la difusión de cualquier encuesta o estudio de opinión de intención de voto, especialmente antes, durante y de forma posterior”, señala la determinación judicial.
Encuestas
La medida emerge de una acción popular interpuesta por María Aramayo Quintetos contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.
En su recurso, la accionante argumenta que la difusión de encuestas puede afectar la decisión ciudadana y generar confusión en el electorado durante el proceso electoral subnacional.
Así, sostuvo que existe desconfianza en estos estudios debido a diferencias registradas entre resultados difundidos y datos oficiales en procesos electorales anteriores.
La resolución también instruye comunicar a los medios que anunciaron la difusión de encuestas la prohibición de publicar estos estudios hasta que se resuelva el fondo del caso.
Fricción
Sin embargo, a pesar de esa disposición, una red televisiva publicó su encuesta respecto de los candidatos a gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco (Libre) y Otto Ritter (Santa Cruz para Todos).
Tras conocerse la decisión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su rechazo y anunció que asumirá una defensa institucional y legal ante la medida judicial.
El presidente del ente electoral, Gustavo Ávila, afirmó que acudirán a la audiencia convocada para el 17 de abril con argumentos jurídicos sólidos.
“Vamos a asistir a la audiencia correspondiente y ejerceremos nuestra defensa con la misma responsabilidad y firmeza que nos ha caracterizado siempre”, señaló Ávila.
En este escenario, la decisión judicial abre un nuevo frente de tensión institucional entre el Órgano Electoral y la Justicia, en medio del desarrollo del proceso electoral en curso.
