El presidente Rodrigo Paz respaldó este lunes la ley que permite cambiar la clasificación de pequeñas propiedades rurales, mientras sectores campesinos avanzan en su anunciada marcha hacia La Paz
La Ley 1720, promulgada esta jornada en la Gaceta Oficial, tras su aprobación en la Asamblea Legislativa, habilita al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a modificar categorías de propiedad mediante un trámite voluntario solicitado por los titulares.
Según el Gobierno, la disposición apunta a mejorar el acceso al crédito y fortalecer la producción, otorgando mayores oportunidades económicas a propietarios rurales en distintas regiones del país.
Ley 172
“Este no es un problema de latifundios, este no es un problema de quiénes se quedarán con la tierra, es un problema de que aquel que está en el ámbito de lo rural tenga derecho al crédito”, afirmó en el Foro Empresarial Iberoamericano – III Asamblea General de AICO – LXI Consejo Directivo de CIAC en Cochabamba.
El mandatario sostuvo que la medida forma parte de una transformación estructural orientada a dinamizar la economía y reducir dependencias históricas en el acceso a recursos productivos.
“Es un cambio estructural, así como vamos cambiando ciertas conductas del sistema financiero, son cambios estructurales”, señaló durante un evento empresarial desarrollado en Cochabamba.
Marcha
En paralelo, organizaciones campesinas de Pando iniciaron la pasada semana una marcha hacia la sede de gobierno, con el objetivo de exigir la anulación de la normativa recientemente promulgada.
La movilización llegó este lunes al municipio de Reyes, en Beni, sumando respaldo de distintos sectores.
Dirigentes de la protesta cuestionan la falta de socialización previa y advierten posibles efectos negativos sobre la cohesión de comunidades rurales y territorios colectivos.
“Desde acá le decimos al Gobierno nacional: la solución la tienen en sus manos, es derogar la ley”, sostuvo Edgar Carpio.
Los manifestantes alertan que, pese a su carácter voluntario, la conversión podría generar divisiones internas y afectar la estabilidad de tierras comunitarias en la región amazónica.
Ante este escenario, el Gobierno desplegó una comisión del INRA para entablar diálogo con los movilizados, con una reunión prevista para evaluar posibles salidas al conflicto.
