El gobierno boliviano prepara una nueva ley de hidrocarburos en medio de lo que analistas describen como el momento más crítico del sector en la historia del país. Para Raúl Velásquez, especialista en energía de la Fundación Jubileo, la norma vigente —la Ley 3058, aprobada en 2005— no solo no cumplió sus objetivos, sino que sentó las bases de la crisis actual.
Los números son contundentes. En los últimos 15 años, las reservas certificadas de gas cayeron un 54% y las de líquidos un 63%. La producción de gas bajó un 56%, lo que obligó a Bolivia a perder el mercado argentino y a estar al borde de perder el brasileño. Las exportaciones de gas natural se redujeron un 74% respecto a hace una década.
Velásquez explica que la nueva ley sectorial deberá atacar varios frentes. El primero es la institucionalidad. Se deberá definir claramente los roles del Ministerio de Hidrocarburos, la Autoridad de Fiscalización, YPFB y los actores privados, eliminando duplicidades que frenan al sector. El segundo es garantizar seguridad jurídica mediante contratos estables. A algo que considera indispensable en un país que «ha intentado nacionalizar el sector no una sino tres veces».
Régimen fiscal
Pero el nudo central, según el analista, es el régimen fiscal. Desde la nacionalización de 2006, la participación del Estado en la renta petrolera fue creciendo hasta alcanzar el 93% en 2024. La consecuencia es directa. «Nadie quiere entrar en un negocio en el que, entre impuestos y regalías, paga 93 de cada 100», señala Velásquez. La propuesta de Jubileo es reemplazar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos —hoy fijo en 32% para todos los campos— por un esquema de escalas móviles que varíe según el precio, el tipo de hidrocarburo y el ciclo de vida del proyecto.
Bolivia compite hoy por inversión con Argentina y su formación Vaca Muerta, con Brasil y el Presal, con Colombia y con Guyana. En ese contexto, el analista advierte que el único mercado que crece para el país es el interno. Así, éste también debe ser atractivo en términos de precios, lo que implica debatir la subvención al gas natural y al GLP.
Plazos
Velásquez es claro sobre los tiempos: una nueva ley daría resultados recién en cinco a ocho años. En el corto plazo, dice, el país está «condenado a seguir pagando la factura de las malas decisiones». La crisis de combustible que comenzó en 2024, con las largas filas de gasolina y diésel, es solo el síntoma más visible de un problema estructural que viene acumulándose por dos décadas.
