El Gobierno nacional confirmó este miércoles que cumplirá con el pago de $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tras el fallo emitido por Tribunal Supremo de los Países Bajos, al asegurar que se trata de una decisión irreversible.
En conferencia de prensa, autoridades de Estado confirmaron que el fallo de ese tribunal es oficial y obliga al país a pagar aproximadamente 105 millones de dólares al grupo financiero en el marco de un arbitraje que inició tras la nacionalización del sistema de pensiones.
En la rueda de prensa, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, explicó que la decisión es “definitiva e irreversible” y constituye una obligación jurídica consolidada para el Estado Plurinacional de Bolivia.
Según detalló, el proceso se remonta a 2017, cuando la empresa presentó una controversia bajo el tratado bilateral de inversiones entre Bolivia y España, que derivó en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en 2018.
El tribunal arbitral emitió su laudo en julio de 2022, determinando que Bolivia incumplió estándares internacionales como el trato justo y equitativo, y ordenando el pago de 94,8 millones de dólares más intereses. Posteriormente, el Estado activó un recurso de anulación, que finalmente la justicia neerlandesa lo rechazó en abril.
Las autoridades atribuyeron el resultado a decisiones adoptadas en gestiones pasadas, particularmente en el proceso de nacionalización, señalando que no se habría garantizado plenamente la seguridad jurídica.
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Pago
En ese contexto, el Gobierno aseguró que trabaja en alternativas para cumplir con la obligación sin generar un impacto significativo en la economía.
Por su parte, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Marcelo Logaric, informó que se inició una auditoría integral a los arbitrajes internacionales en los que Bolivia fue parte, con el fin de identificar fallas en la gestión, establecer responsabilidades y fortalecer la defensa jurídica del país.
Indicó además que actualmente existen varios procesos en curso que, en conjunto, podrían representar contingencias por alrededor de 800 millones de dólares.
En paralelo, el gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Marcelo Vladimir Fernández, llevó tranquilidad a la población al asegurar que el fallo no afectará los fondos de pensiones.
“Los recursos administrados constituyen un patrimonio autónomo, independiente y con destino exclusivo al pago de jubilaciones, por lo que están protegidos por ley”, afirmó.
Las autoridades reiteraron que el Estado cumplirá con la decisión internacional dentro de los plazos establecidos, aunque evitaron precisar detalles por razones estratégicas.
Asimismo, enfatizaron que se adoptarán medidas para minimizar el impacto económico y prevenir futuros litigios, en un contexto en el que Bolivia enfrenta múltiples arbitrajes derivados de decisiones adoptadas en años anteriores.
El Gobierno concluyó señalando que continuará informando sobre el desarrollo del caso y las acciones asumidas, en resguardo de los intereses del país.
