La renuncia de la presidenta de YPFB es una señal de alarma. No estamos hablando de un puesto político cualquiera. Se trata de la máxima autoridad de la principal empresa estatal, y de una profesional con amplia trayectoria, con nombre propio, con reputación intachable y con probada experiencia. Precisamente por eso, su salida -a los pocos días, pero con un mensaje claro- no puede pasar desapercibida.
Cuando alguien así decide irse casi de inmediato, el problema no es la persona. Es el lugar al que llegó.
YPFB no se deterioró de un día para otro. Lo que hoy vemos es el resultado de años de descomposición. El ciclo masista comenzó con un escándalo de una millonaria coima que terminó en asesinato y en cárcel para quien dirigía la empresa. Esa fue la primera señal… y fue ignorada.
Luego vino la bonanza. El alza del petróleo llenó las arcas públicas y dio inicio al dispendio, en un periodo de abundancia que se confundió con éxito. No fue mérito del modelo, pero se lo presentó como si lo fuera. Se gastó sin previsión, sin control y, demasiadas veces, sin límites.
Cuando el ciclo cambió, quedaron al descubierto las prácticas deleznables. Influencias indebidas y operadores informales tomaron el mando. El nombre de “Marcelitio” no se volvió conocido por casualidad. Abundaron los negocios en la compra de carburantes, donde se habló de sobreprecios que alcanzan cientos de millones de dólares.
Botrading y otras estructuras no fueron anomalías, fueron parte de un sistema. Un sistema que convirtió a YPFB, de una empresa estratégica, en un espacio de clientelismo y enriquecimiento ilícito.
El cambio político generó una expectativa legítima. Se esperaba que de inmediato se empiece a ordenar, a transparentar, a corregir. Pero esa expectativa empezó a diluirse demasiado rápido.
El episodio de la gasolina defectuosa marcó un quiebre. No fue sólo un error técnico, fue una muestra de incompetencia o de negligencia —o ambas—. Vehículos dañados, ciudadanos afectados y, lo más grave, una respuesta estatal incapaz de identificar responsables o dar soluciones efectivas.
No hubo sanción ejemplar. Una solitaria renuncia fue insuficiente. No hubo explicación ni enmiendas. No hubo cierre.
Y ahora, esta renuncia.
La carta no es neutra. Habla de problemas estructurales, operativos y financieros. No describe dificultades normales de gestión. Describe una empresa comprometida en su base. Frente a eso, decide irse.
Eso indica de manera inobjetable que no hay condiciones para corregir. O no hay voluntad. O no hay respaldo político.
En cualquier caso, el resultado es el mismo.
YPFB no está siendo gobernada. Está siendo administrada en su deterioro.
Y lo que ocurre ahí no es una excepción. Es un reflejo. Es el espejo de un Estado que ha dejado de responder al interés colectivo para someterse a redes y presiones que lo desnaturalizan.
Por eso esta renuncia importa. Porque confirma algo más profundo: ni siquiera quienes llegan con intención de ordenar logran sostenerse dentro del sistema. No es que fallen las personas. Es que el sistema no admite correcciones reales.
Y también deja el desaliento. La señal de que entrar al Estado puede ser inútil, o incluso contraproducente, para quien tiene un prestigio que cuidar. No es casual que, frente a esto, muchos prefieran no concurrir.
Han pasado prácticamente seis meses desde el cambio político. Tiempo suficiente para marcar dirección. No para resolverlo todo, pero sí para demostrar que se sabe qué hacer.
Esa señal aún no ha llegado. Y ese vacío es peligroso.
Porque cuando la ciudadanía percibe que nada cambia en lo esencial, que la podredumbre continúa aunque cambien los nombres, se abre el espacio para lo que Bolivia ya conoce y teme: el retorno del populismo.
Por eso, lo que está en juego no es sólo YPFB.
Es la credibilidad del Estado. Es la posibilidad de corregir antes de que sea tarde. Es la decisión, o la incapacidad, de enfrentar lo que se ha podrido.
Esta renuncia no es un episodio más. Es una advertencia.
Y las advertencias, cuando se ignoran, se convierten en consecuencias.
